El fiscal federal Diego Velasco pidió que un cruce de comunicaciones entre teléfonos vinculados a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez sea agregado a la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces. Se trata de un informe perteneciente a otro proceso judicial, popularmente conocido como “Ruta del dinero K”, en el cual resultó sobreseída la Vicepresidenta y el empresario fue condenado, al igual que el exsecretario de Obras Públicas José López.

Desde la fiscalía solicitaron que se incluya la documentación en función de las comunicaciones de López con varios de los implicados en la investigación por lavado de dinero, a raíz del alquiler de hoteles y viviendas a manos de los empresarios Báez y Cristóbal López por parte de los Kirchner. 

Velasco argumentó que ese material es “prueba nueva” para la pesquisa relacionada con la administración de hoteles de la familia Kirchner, reabierta luego de que se revocara el sobreseimiento de la exmandataria que se había dictaminado sin realización de juicio oral. La Vicepresidenta y otros implicados esperan ahora la decisión de la Corte Suprema, luego de apelar el fallo sobre la revocatoria. 

TE PODRÍA INTERESAR:

Según el informe de la causa Ruta del dinero, existieron 370 comunicaciones entre el dueño de Austral Construcciones, la entonces presidenta y sus principales “allegados”. Si bien el fiscal Guillermo Marijuan con esa prueba igualmente sobreseyó a la Vicepresidenta, dejó en claro que el material demuestra “el estrecho vínculo comercial” entre ambos. 

Esos contactos telefónicos, que se suman a visitas a Olivos por parte de Báez durante la presidencia de Cristina Kirchner, fueron entre 2010 y 2013.

De esas comunicaciones, al menos cuatro se registraron en ese período entre líneas a nombre de la entonces Mandataria y teléfonos de Báez. También hay 23 comunicaciones con líneas de Casa de Gobierno, una con la Residencia de Olivos y las restantes con secretarios o colaboradores de Cristina Kirchner.

​​El 18 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y por el memorándum con Irán, por presunto encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la sede judía, en los que está imputada la Vicepresidenta, dando marcha atrás a sus sobreseimientos.

Tras la revocación, la defensa de la Vicepresidenta apeló los fallos señalando que las resoluciones se dictaron cuando no estaba la jueza Ana María Figueroa, quien fue separada por la Corte Suprema y luego reasignada por el Senado.