La Justicia ordenó este miércoles 45 operativos en organismos del Estado en búsqueda de documentación, en el marco de la causa por irregularidades detectadas en la contratación de seguros que tiene como imputados, entre otros, al expresidente Alberto Fernández.

La orden para llevar a caso esos procedimientos fue librada por el juez federal Julián Ercolini, quien pretende recabar información sobre los seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.

Entre los organismos oficiales a inspeccionar se destacan la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo donde se destapó el escándalo, los ministerios de Economía, Seguridad y Relaciones Exteriores, las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Dirección Nacional de Vialidad.

En el listado también aparecen Radio y Televisión Argentina S.E, el INCUCAI, el Estado Mayor General de la Armada, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ANMAT, el INTA, y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.

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La medida está enmarcada en las dos causas en las que ya fue imputado Fernández por posible malversación de fondos públicos, una por la denuncia del ministerio de Capital Humano tras una auditoría realizada por el extitular de la Anses Osvaldo Giordano y otra por la presentación de la abogada Silvina Martínez.   

Ercolini despachó 45 órdenes que están siendo entregadas por personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. El oficio reclama una copia de los convenios y de los seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, e informes de los 27 productores/asesores/intermediarios intervinientes en cada una de esas pólizas.

El escándalo se destapó la semana pasada tras la publicación de una columna del editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, a quien la letrada y periodista Martínez, la primera denunciante, invocó en su presentación judicial, que involucra también a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros.

A su vez, el fiscal federal Ramiro González incriminó al exdirectivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la agencia de Gobierno Federico D'Angelo Campos y a los brokers involucrados en la causa, que habrían cobrado comisiones millonarias por intermediar en la contratación de las pólizas, entre ellos uno de Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y casado con la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero.

El exgobernante negó su responsabilidad en estos hechos, aseguró que nunca hizo ni pidió favores oficiales para beneficiar a sus amigos y afirmó que no se llevó "ni una goma de borrar del Estado".

Fuentes judiciales indicaron que el magistrado Ercolini en las próximas horas va a unificar las dos causas que lo tienen como imputado al expresidente.