La Justicia ordenó este martes la inhibición de los bienes del expresidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Banco Nación para organismos y entes públicos entre 2019 y 2023.

La medida fue dictada por el juez federal Julián Ercolini e incluye a otros exfuncionarios de Nación Seguros y empresarios implicados en el escándalo.

Además del exmandatario, el magistrado dispuso la inhibición de los bienes del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano; de los dueños de brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa; de la esposa de este último e histórica secretaria de Fernández, María Cantero; y de las compañías Bachiller, San Ignacio, Castello Mercuri y San German, entre otras. 

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Entre los afectados aparecen también los dos exfuncionarios de Nación Seguros que fueron echados el fin de semana último: Mauro Tanos, un exintegrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que trabajaba como gerente de compras.

Asimismo, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano y Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El magistrado tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. En tanto, la segunda comenzó con una auditoría interna del Gobierno de Javier Milei, en la cual se descubrió la contratación de seguros para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.

Esta maniobra se habría producido a través del Banco Nación y con la intermediación de varios brokers "amigos".

En este contexto, Ercolini ha ordenado en las últimas semanas múltiples allanamientos de empresas e individuos con el objetivo de determinar si las comisiones que obtenían los intermediarios estaban dentro de los rangos que se manejan habitualmente en el mercado de los seguros.