El crimen de Gutiérrez y la victoria de la oposición
La agenda es algo que imponés o algo por donde te manejan. Y si bien el Gobierno con la gestión de la cuarentena por la pandemia de coronavirus dominó las cuestiones públicas, 100 días después todo parece indicar que cualquier tema que la oposición tome, lo convierte en debate nacional. Pasó con las supuestas salidas masivas de presos de las cárceles y pasa ahora con el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner.
Gutiérrez había declarado como “arrepentido” en la causa de los Cuadernos. Su declaración estuvo muy lejos de resultar un aporte trascendental: está llena de condicionales, de comentarios que no terminan de decir nada y de refuerzos de algunos rumores. No es la única declaración que cumple con esas características en ese expediente que llegó ya a juicio oral pero que no tiene fecha de realización aún.
La causa de los cuadernos fue LA causa de Claudio Bonadio en su escalada contra la actual vicepresidenta. Era como el gran sueño americano pero en versión judicial: bolsos llenos de plata, empresarios presos admitiendo coimas, un chofer que se encargó de recolectar todos los detalles en su propia bitácora. Fue el emblema de Cambiemos también: “ellos son esto, nosotros somos algo totalmente distinto”. No importó (¿cuándo importa?) que la causa todavía no tuviera ningún condena.
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados fue creado en 2003 y está dentro del Ministerio de Justicia. Durante el gobierno de Mauricio Macri, ese programa albergó a “los arrepentidos” (en lo técnico, imputados colaboradores) que quisieran tener protección. El Programa tuvo su momento de polémica: en noviembre de 2019, Macri lo sacó de Justicia y puso a la Cámara Federal de Casación Penal a cargo a través de una figura denominada como “Consejo Consultivo”. Desde Cambiemos argumentaban que una vez que cambiara el gobierno, todos los arrepentidos corrían peligro. En febrero, ese DNU de Macri fue derogado por Alberto Fernández. Con la desaparición y asesinato de Gutiérrez, la discusión volvió. El detalle es que el ex secretario nunca pidió protección ni integraba el programa.
No obstante todas estas cuestiones, el crimen de Gutiérrez se instaló y el Gobierno, aún con los elementos a su favor, no pudo desactivarlo. Venía de una racha donde, por lo menos, las cuestiones judiciales les generaban más alegrías que disgustos. En una semana donde citaron a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como parte de un engranaje dedicado al espionaje ilegal, el foco estuvo puesto en el asesinato y la vinculación que tendría Cristina con eso.
El capítulo espionaje contempla también algunas particularidades. El apartamiento del juez Federico Villena la semana pasada fue celebrado por macristas y kirchneristas por igual. Unos, porque pensaban que la causa se iba a la nulidad absoluta. Los otros, porque no lo consideraban un juez de confianza. Más allá de las consideraciones y de todo lo que falta, hay un cambio de perfil en la investigación pero que no se relaciona con un freno sino con suturar algunos hilos que estaban un poco sueltos.
Majdalani y Arribas insisten en llevar la investigación a Comodoro Py por la simple razón de que allí hubo una causa donde se investigó a los agentes que hacían la vigilancia en el Instituto Patria. Apañados en que tenían una resolución judicial firmada por el juez Villena que los autorizaba, fueron sobreseídos por el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi. El señor 5 y la señora 8 consideran que todo ya está investigado (por lo menos, los seguimientos a Cristina en ese marco) y que por ese debe recaer todo en Retiro y ser cerrado. El argumento que esgrimen aquellos que defienden la causa en Lomas es que la orden que supuestamente tenían para investigar y espiar no era legítima.
El saneamiento de la AFI fue uno de los conceptos que Alberto Fernández esgrimió como principales para su gestión. La cantidad de información sobre supuestas ilegalidades durante la gestión Macri-Arribas le viene al pie para impulsar una reforma profunda en el manejo de la Inteligencia, algo que ya comenzó a hacer de la mano de la interventora Cristina Caamaño. La duda que se mantiene es cómo desarmar una estructura que tiene vínculos estrechos con sectores judiciales, políticos y empresariales. De la mano de ese intento de cambios vendrá seguramente también la demorada reforma judicial, otro eje que por ahora no logra salir ileso de las internas del oficialismo.
