Desconfianza absoluta: un juez contra todos

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22 kilómetros separan el despacho del juez Federico Villena de los pasillos de Comodoro Py. La causa por los (des)manejos de la Agencia Federal de Inteligencia macrista es, ante todo, un expediente complejo donde nada es lo que parece y nadie es tan inocente como declama, por más que el Código Penal fije que uno lo es hasta que una sentencia firme diga lo contrario.

Villena fue funcionario de un tribunal federal de los de Retiro antes de convertirse en juez, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su destino era el Juzgado Federal de Moreno pero una decisión política lo trasladó a fines de 2018 al Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, el que interviene en todo lo que suceda en el Aeropuerto de Ezeiza. Un botín muy codiciado y donde la inteligencia siempre estuvo cerca.

El juez le debe su manejo de los tiempos (políticos, mediáticos, judiciales) a esa crianza entre federales de Retiro y a su padrino Luis María Cabral, ex consejero de la Magistratura. Por eso, cuando la causa por los seguimientos que la AFI hizo, al parecer, a opositores y oficialistas tomó repercusión, decidió blindarse. No atendió más el teléfono y se concentró en hilar todo lo que pudiera (re)construir de una trama que parecería estar totalmente expuesta.

En líneas generales, una célula compuesta por unos 15 espías que respondían a las órdenes de Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI. Por arriba suyo, estaba Diego Dalmau Pereyra, el exjefe de Contrainteligencia de la Agencia. A una misma escala pero en otro edificio, entra a jugar en este ajedrez la detenida y negada por el macrismo, Susana Martinengo. Darío Nieto, el secretario que estuvo al borde de la detención durante el allanamiento que se le hizo, ingresó a la trama también por las conversaciones que se encontraron en los aparatos de los espías. A diferencia de Martinengo, a Nieto salieron a protegerlo desde Juntos por el Cambio.

¿Cómo pegar el salto hacia los responsables políticos reales? Villena es consciente de que tiene a las defensas de los acusados a la espera de un error. Sabe, también, que las detenciones pueden ser criticadas desde muchos flancos y que incluso ya fueron equiparadas con la mal llamada “doctrina Irurzun”. Sí, lo que elaboró el juez y presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun cuando selló la ida a prisión de Julio de Vido por sus “contactos residuales” con el poder.

El momento de definir responsabilidades está cerca: con personas detenidas, los tiempos para dictar procesamiento se acortan. En esta instancia juega también una carta que nos remonta a 2018: los arrepentidos. Muchos de los detenidos ya declararon en la Comisión Bicameral de Inteligencia y fueron lo suficientemente claros y explícitos de las órdenes que recibían y de cómo estaba armada la red de espionaje. Por más de que esos informes ya estén en poder de Villena, la estocada final sería que alguno de ellos lo ratificara en su declaración.

Los miles de mensajes, fotos, videos, comentarios que hay en los celulares secuestrados; el entrecruzamiento con los testimonios de las víctimas y de algunos testigos protegidos; la existencia de un cableado dentro de la cárcel federal de Ezeiza son las cartas fuertes del juez. Ya determinó que su investigación es sobre una presunta asociación ilícita que violaba de manera clara la ley de inteligencia nacional. ¿Será que podrá con esos elementos o con algún arrepentimiento llevar la causa hacia “arriba de todo”?

La cárcel de Ezeiza. Foto NA: DANIEL VIDES

Desde el kirchnerismo, miran con recelo a Villena. No confían en él: “no es como Alejo Ramos Padilla”, el juez que tiene aún la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio. Recuerdan que por su orden se escuchó a parte del pabellón donde estaban detenidos varios ex funcionarios y que luego esas escuchas fueron utilizadas como método para desacreditar el expediente que está en Dolores y que tiene al fiscal Carlos Stornelli como acusado. El kirchnerismo más duro incluso va más allá: sostienen que Villena puede “elegir” a quién acusar, a quién dejar afuera y que incluso puede caer en errores para que toda la causa sea declarada nula y quede en el olvido. “Es un cómplice del macrismo”, marcan.

Sin embargo, ese sector kirchnerista duro tampoco quiere la causa en Py, un territorio al que simplemente quieren reformar completamente. La desconfianza es mutua: en Retiro esperan con muchísima cautela y desconfianza la reforma judicial que prepara el gobierno de Alberto Fernández. Observan y conversan sobre cuánta injerencia tendrá Cristina Fernández de Kirchner en ese armado que todavía no fue presentando en el Congreso por cuestiones políticas y no solo pandémicas.