La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en la causa que investiga el desvío de fondos de planes sociales para fines partidarios. De esta forma, el dirigente social quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La Sala IV del máximo tribunal penal federal del país dejó firme la decisión tomada por el juez Sebastián Casanello y ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones porteña al rechazar por "inadmisibles" las apelaciones de las defensas de Belliboni y otros 14 acusados. Al respecto, consideró que no se encontró "debidamente fundada una cuestión federal".

De todas formas, los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky remarcaron que los procesamientos no son una "sentencia definitiva o equiparable a tal". Además, dejaron en pie el agravamiento de la situación procesal del líder del Polo Obrero y de otra referente de la organización, María Dotti.

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Esa medida fue resuelta por la sala I de la Cámara Federal, ya que en sus casos se sumaron los delitos de amenazas coactivas y extorsión agravada a beneficiaros de los programas para obligarlos a asistir a piquetes y marchas.

En este marco, Casanello ya inició los trámites para enviar el expediente a juicio, para lo cual dio vista a las partes. El magistrado procesó en julio pasado a Belliboni por presunta "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". 

En tanto, el Tribunal de Apelaciones porteño confirmó en noviembre esa decisión y agregó los delitos de "amenazas coactivas" y "extorsión agravada", según la resolución a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En ese entonces, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que había evidencia sobre el "desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo".

La acusación incluye la supuesta "imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública". De acuerdo a la Cámara Federal porteña, los fondos desviados se habrían usado para "afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias".