En la víspera del fin de la feria, la Justicia está atravesada por la polémica debido al fallo del "caso Levinas" que la Corte Suprema emitió a fines de 2024. El viernes, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, exigió su suspensión y este sábado Gabino Tapia le respondió vía X: "Terminemos de una vez con el inmovilismo".

El ministro de Justicia porteño indicó que los "fallos" estaban para "cumplirse" y que la Corte fue "clara y contundente". "Avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad, tal como lo dispone la Constitución Nacional", concluyó.

Previamente, Casal le reclamó al Máximo Tribunal, mediante una nota enviada a su presidente, Horacio Rosatti, que diera marcha atrás con la normativa debido a que el ministerio Público Fiscal iba a estar impedido, desde su visión, de cumplir con sus "funciones legales y constitucionales en casos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad".

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La resolución, aprobada por mayoría el pasado 27 de diciembre, implica que las decisiones de las distintas cámaras nacionales, como la civil, penal, comercial o laboral, puedan ser apeladas en el Tribunal Superior de Justicia porteño, antes de recurrir al fuero principal nacional.

En ese marco, el jefe de los fiscales explicó que "la nueva doctrina" iba a promover una actividad para la cual "las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley, y esta no les confiere legitimación procesal para actuar en el foro local".

"Esa suerte de hipotética actuación mixta constituiría un obstáculo para el diseño de una política criminal coherente, pues la actuación de los fiscales nacionales conforme los criterios de actuación establecidos por este Despacho, podría verse frustrada de no ser estos compartidos por el ministerio público local que, como es obvio, habrá de regirse por los que le son propios", añadió.

Además, destacó que la resolución exige un "acto normativo adicional" que pueda resolver o modificar "la inhabilidad para actuar ante los magistrados locales", por lo que finalmente le sugirió a Rosatti la suspensión de la "aplicación de lo decidido" hasta que se subsane normativamente la restricción que le impide al ministerio Público Fiscal "llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño".