¿Qué hay detrás de la "liberación masiva de presos"? ¿Por qué el Poder Judicial decidió otorgar excarcelaciones en el marco de la pandemia del coronavirus? ¿Cuál es la situación humanitaria en las cárceles, en especial, en las de la provincia de Buenos Aires? ¿Bajo qué criterio se beneficia con prisión domiciliaria a represores de lesa humanidad, violadores y homicidas? El Canciller ofrece un breve catálogo de respuestas ante la polémica instaurada en la sociedad.

Lo primero que se debe marcar es que la Argentina tiene un serio problema de proporciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Según las estadísticas oficiales, la capacidad de ocupación de los penales de la provincia es de 29.000 presidiarios. Cuando Axel Kicillof asumió el gobierno hace unos meses, el número de detenidos superaba los 45.000. En el contexto de la pandemia, donde el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se tomaran medidas para garantizar el distanciamiento social en estos espacios de encierro.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se expresó en el mismo sentido: les pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas en prisión o recluidas en otras instalaciones similares. Frente a esta coyuntura, múltiples defensores oficiales elevaron recursos a la Cámara de Casación Penal Bonaerense, para que les otorgaran un indulto, conmutación de penas o prisiones domiciliarias a sus defendidos.

El objetivo final es descomprimir las cárceles y evitar un colapso del sistema sanitario del distrito bonaerense, dado que si se produce un contagio masivo en los centros de detención, todos los infectados deberían ser acogidos por los hospitales públicos.

Ante la demanda de los defensores oficiales y atendiendo a la crítica situación humanitaria instalada en las prisiones del país, el juez de Casación Víctor Violini decidió habilitar las salidas de presos bonaerenses bajo un determinado rango. Deben ser personas que:

  • Cumplan prisión preventiva por delitos de escasa lesividad;

  • Estén condenadas por delitos no violentos y próximas a cumplir con la pena;

  • Estén condenadas a penas de hasta 3 años de prisión;

  • Estén en condiciones legales de acceder a salidas transitorias o libertad condicional;

  • Estén embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;

  • Estén en situación de riesgo ante la pandemia, por presentar comorbilidades previas que podrían agravarse de contagiarse de coronavirus. En esos casos, la acordada pide examinar en cada caso cuál es el tiempo de pena cumplido, la gravedad del delito y los riesgos procesales.

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En diálogo con la radio Nacional Rock (FM 93.7), Andrea Casamento, fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, graficó el propósito judicial. "Es cierto que entre todo este colectivo hay un grupo grande de personas que tienen condenas largas, delitos espantosos y que, además, tienen serios problemas de salud. Para poder garantizar que esas personas puedan estar en un pabellón de la cárcel con la presencia sanitaria que necesitan, tenemos que desagotar el resto, porque hoy no es posible", precisó.

Además, se aclara que las medidas adoptadas son transitorias, enmarcadas en el contexto actual y en línea con la duración del aislamiento preventivo, social y obligatorio. El fallo también apunta sobre la Ley de Víctimas sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados: al momento de decidir la excarcelación, el juez a cargo "debe tener en cuenta los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos en un contexto de violencia de género".

Las prisiones domiciliarias concedidas, entre el Servicio Penitenciario Federal y el Bonaerense, representan menos de 800 casos, es decir, el 1,2% del total de la población carcelaria. En comparación con lo que sucede en los países centrales, la tasa es tangencialmente menor: por la pandemia, en Francia la reducción de los presidiarios fue del 14% y en Italia del 10%.

En este contexto y de manera arbitraria, algunos jueces les otorgaron la prisión domiciliaria a 20 represores de lesa humanidad -entre ellos, el partero de la ESMA Carlos Capdevila-, violadores y homicidas. Hasta el momento, entre 50 y 60 condenados por delitos graves obtuvieron esa garantía, a nivel federal.

El asunto reviste gravedad porque el propio Victor Violini, en diálogo con Clarín, reconoció que todas las tobilleras electrónicas están siendo utilizadas. Es decir, no tienen forma de monitorear cualquier maniobra que pudiera realizar el preso en su hogar (o, lo que es peor, fuera de él). En casos excepcionales, los delincuentes fijaron domicilio en lugares muy cercanos a la vivienda de sus víctimas, lo que además de representar un peligro implica un fuerte componente de revictimización. El argumento del magistrado para explicar de qué manera vigilarán a quienes obtengan ese beneficio procesal fue muy precario: según apuntó, habrá un garante por cada preso que salga sin tobillera para controlar sus movimientos a diario.

"Estamos viendo que, en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable", apuntó Sergio Massa esta semana, en diálogo con Radio La Red. En las últimas horas del jueves, trascendió que estudia presentar un jury contra tres magistrados bonaerenses por incumplir los criterios de la acordada de Casación y brindarles la prisión domiciliaria a tres presos condenados por violación, homicidio y robo agravado. Esos casos que señala el presidente de la Cámara de Diputados, junto a los susodichos en los párrafos anteriores, deben ser revisados con urgencia.