Una democracia estable en un continente inestable
La revuelta policial en Argentina trajo a la memoria recientes episodios de levantamientos en otros países de la región. No necesariamente todos los hechos están conectados pero estamos en presencia de un contexto internacional agudizado por la pandemia que alimenta este tipo situaciones de zozobra.
Más allá del reclamo puntual, la región viene experimentando una reconfiguración de las fuerzas del orden en los procesos políticos. Esto se combina con una erosión de la institucionalidad democrática y una cantidad de reformas pendientes, entre ellas, dentro de las fuerzas policiales.
El año pasado se vio con claridad el rol de las Fuerzas Armadas y de seguridad para sostener a los gobiernos que reprimieron protestas en Chile y Ecuador o directamente formando parte del proceso de golpe de Estado contra Evo Morales cuando la Policia Nacional decidió amotinarse y dar rienda suelta al caos que terminó con el exilio del presidente democráticamente electo.
Algunos años antes, en 2010, el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa sufrió un intento de golpe luego de un acuartelamiento policial en rechazo a una medida que, desde la perspectiva de los uniformados, le quitaba autonomía. Correa fue a negociar a la boca del lobo y terminó siendo agredido y hospitalizado. Finalmente, el golpe no prosperó.
Este tipo de prácticas forman parte de una metodología destinada a generar, caos, incertidumbre e inestabilidad política y tiene la misión de erosionar, destituir o forzar la renuncia de las autoridades políticas.
Las viejas prácticas de las dictaduras de la década de los 70 quedaron vetustas y los factores de poder hace tiempo que optaron por otros mecanismos. Lo que algunos autores llaman neogolpismo del siglo XXI tiene 8 casos estudiados, 4 han sido de tipo militar/policial de los cuales dos fracasaron (Venezuela en 2002 y Ecuador en 2010) y tres fueron exitosos (Haití en 2004, Honduras en 2009 y Bolivia en 2019).
El resto, fueron golpes parlamentarios (Paraguay/2012 y Brasil/2016, ambos exitosos) y levantamiento civil-oficial (Bolivia en 2008) fracasado. Todos estos movimientos fueron contra mandatarios centroizquierda/progresista.
Este tipo de situaciones no siempre están articuladas por el Departamento de Estado como se supone sino que tienden a motorizarse ante contextos sociales, económicos o políticos internos que luego son aprovechados por quienes tienen intereses particulares en ese territorio. Generalmente, esta sucesión de hechos terminan llevándose puesto a los gobiernos débiles y fracasan ante administraciones fuertes. En 2010, Correa estaba fuerte y con altos índices de aprobación mientras que Evo Morales, aún con un importante caudal electoral, estaba cuestionado y con menos apoyo institucional luego de desconocer los resultados del referéndum de 2016 que le impedía un nuevo mandato.
La caída del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil no tuvo que ver con las fuerzas de seguridad o el Ejército pero fue el inicio del deterioro institucional en nuestro continente. La administración Rousseff estaba en su peor momento, asediada por las causas de corrupción de la Operación Lava Jato, sin apoyo político, niveles mínimos de aprobación y una crisis económica muy profunda. El rol de las Fuerzas Armadas y la Policía apareció después con el gobierno de Jair Bolsonaro que no tiene problemas de mostrarse como uno de los suyos y ha construido estrechos vínculos con policías retirados que componen milicias con prontuario delincuencial, en especial, en Río de Janeiro.
Como vemos, el contexto de levantamientos policiales para erosionar gobiernos progresistas o de izquierda existe, pero también hay otro punto al que hay que ponerle el eje y que está relacionado con la falta de reformas estructurales.
Según un informe de Latinobarómetro del año 2019 publicado por el sitio especializado “Sin Miedos", el 65 por ciento de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en la policía.
En la última década, la región aumentó un 34 por ciento el gasto en seguridad pero los indicadores no muestran los avances esperados por la ciudadanía y las autoridades.
Las reformas pendientes están ligadas a la corrupción, la democratización y la modernización de una fuerza que, no solo debe de encargarse de reducir los indices de criminalidad sino también recuperar la confianza de la gente y desterrar de una vez y para siempre los abusos de poder que terminan con personas desparecidas o como pasó esta semana en Colombia, una persona fallecida.
Lo que pasó en Argentina con el reclamo de la policía más grande del país con 90.000 efectivos pasó de un reclamo razonable y legitimo a una extorsión hecha y derecha. Asediar la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires y la residencia presidencial fue una muestra clara que dentro de una pedido que debe ser atendido convivieron elementos autoritarios y destituyentes que con el desenlace de estos días terminó siendo minoritario.
Argentina tiene un sistema democrático estable en un contexto regional inestable y eso hace que este tipo de situaciones no prosperen. Es un país con elecciones creíbles, transparente y con alta participación. No hay cancha inclinada ni proscripciones como en Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia ni tiene a las calles como caja de resonancia de una bronca contenida como sucedió en Chile. Las urnas han logrado canalizar ese malestar social y ese es un capital del que el resto de los vecinos carecen.
La foto del presidente con integrantes de la oposición en momentos de crisis es una imagen prácticamente imposible de encontrar en el continente, con la excepción de Uruguay.
La grieta latinoamericana es tremendamente más fuerte que la de Argentina. ¿Recuerdan una foto de Bolsonaro con alguien del Partido de los Trabajadores? ¿O de Lenin Moreno o Jeanine Añez con sus opositores? ¿O de Martín Vizcarra con los miembros de un Congreso peruano que se esfuerza todos los días para que no pueda gobernar?
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En Argentina existe una institucionalidad más fuerte de la que piensan los propios argentinos y eso tiene que ser defendido a capa y espada en momentos bravos. Esto puede cambiar de un momento a otro, pues, todos juegan su partido y, si bien a los gobiernos peronistas se le demanda más, también suele existir una mayor predisposición para buscar el momento justo para llevárselos puesto, mucho más si estamos frente a un proyecto que pretende tocar algunos intereses sensibles.
No se trata de abrazarse a teorías conspirativas sino de ubicarse en un contexto en el que las mechas que se prenden frente a problemas internos terminan generando incendios incontrolables.
Una rebelión policial, una crisis institucional o levantamiento de cualquier tipo se resuelve
con un sistema democrático consolidado, aún con las diferencias públicas que puedan
existir entre los diferentes actores. Argentina demostró ser un ejemplo al respecto.
