Colombia vive días convulsionados. El gobierno de ese país promovió una reforma tributaria para este 2021, y las protestas en las calles para rechazarla no se hicieron esperar: cobraron notoriedad y un progresivo apoyo de los ciudadanos. La respuesta oficial consiste, por ahora, en una escalada represiva que ya dejó varios muertos, desaparecidos y denuncias de organismos de Derechos Humanos. 

Abajo, las claves para entender lo que sucede:

1 - A mediados de abril, el presidente Iván Duque aprobó la presentación de un proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible con el objetivo de recaudar U$D6.300 millones para, entre otras cosas, afrontar los compromisos de deuda del país. ¿Cómo? Aumentando impuestos como el IVA de servicios públicos y productos de primera necesidad. 

2 - A los pocos días, la ciudadanía salió a las calles para repudiar la idea. Se decretó toque de queda y, sin embargo, las protestas no cesaron. 

3 - Presuntamente conmovido por el reclamo, Duque llamó a retirar el proyecto de ley que, a la pasada, se cobró las renuncias de los titulares de Hacienda de Colombia: el ministro, Alberto Carrasquilla, y su segundo, Juan Alberto Londoño. 

4 - No obstante, el Comité Nacional que lidera el paro general y las manifestaciones interpeló a los colombianos a continuar el grito de guerra. “Se decide mantener el paro y la movilización social, fortalecerlo y extenderlo convocando a otros sectores sociales y regiones del país, y en esa dirección realizar este 5 de mayo grandes movilizaciones en todo el territorio nacional, que debe estar seguido de acciones de unidad y lucha para ampliarlo y mantenerlo a nivel rural y urbano”, dice el comunicado que difundieron. “La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, anunciaron. 

5 - De acuerdo a las cifras que manejan referentes sociales, el conflicto ya registra 19 civiles muertos más un policía; aproximadamente 800 heridos y más de 60 denuncias de personas desaparecidas.

6 - El organismo de Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció que “la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos, cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país”. Asimismo, consideraron que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país”. 

En diálogo con El Canciller, la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Fernanda Daz Costa, dio detalles de lo que se vive en el país latinoamericano: “La situación es desesperante. No nos sorprende porque hemos hecho presentaciones similares en 2019 y 2020, y la reacción es con la misma virulencia, pero esta vez peor”. Al mismo tiempo, explicó parte del origen del conflicto: “La policía nacional depende del Ministerio de Defensa, a diferencia de otros países en los que depende de fuerzas políticas. Acá está bajo las órdenes de fuerzas militares, que están en la calle. Entonces, la situación tiende a deteriorarse, incluso habiendo retirado la reforma tributaria”. 

Daz Costa señaló que “la gente salió a protestar por la situación del país”, más allá del proyecto de ley presentado por Duque, y consignó, en ese sentido, problemas como “falta de acceso al derecho a la salud, falta de cumplimentos de acuerdos de paz en este gobierno en particular”, enmarcados en “una serie de reclamos sociales que tienen que ver con derechos”. 

Finalmente, la directora aseguró que “hay una intención de negar la gravedad del asunto, con discurso muy militarista y una retórica anti protesta social similar a la que escuchamos en Chile en 2019: el que protesta es el enemigo”.