Este martes en Nueva York se inició un juicio por cargos de narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de dirigir al país centroamericano como un "narcoestado" entre 2014 y 2022. 

En el caso de ser declarado culpable de "conspiración para la importación de cocaína y posesión ilegal de armas", el exmandatario se enfrentará a una pena mínima obligatoria de 40 años y hasta a cadena perpetua.

Hernández se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su extradición, en abril de 2022. 

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Honduras recibió más de USD 50 millones en asistencia antinarcóticos de Estados Unidos y decenas de millones más en ayuda militar y de seguridad durante su Presidencia, en la que además obtuvo el apoyo del exmandatario Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra la migración.    

Pero, tres meses después de dejar el cargo, fiscales federales en Manhattan lo acusaron de aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de usar su posición para protegerlos.  

Incluso, el fiscal general Merrick Garland afirmó que abusó de su poder para manejar el país como un "narcoestado".

Los fiscales dijeron que mientras Hernández hacía campaña en 2013, aceptó un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el líder del cártel mexicano de Sinaloa, para sobornar a funcionarios para que manipularan los resultados de la votación a su favor, y utilizó tácticas similares para su reelección en 2017.

En una carta publicada el lunes, el exmandatario (2014-2022) reiteró que es "inocente" y "víctima de una venganza".

"Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte del crimen organizado y enemigos políticos", remarcó el exgobernante en la misiva publicada en X por su esposa, Ana García.

En el mensaje dirigido al pueblo hondureño, que tendrá escasa incidencia en el juicio en el Tribunal Federal del Sur de Manhattan, Hernández calificó como "injustas" las acusaciones y "llenas de mentiras construidas de manera novelesca en base al testimonio" de "narcotraficantes confesos", que negociaron con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para lograr "la reducción de sus penas".