Atrapado en el laberinto venezolano
El gobierno de Alberto Fernández manifestó su preocupación por la violación de los Derechos Humanos en Venezuela e hizo estallar el termómetro del debate público argentino. De repente, los medios dejaron de lado el debate de la pandemia, empezaron a discutir el supuesto giro de Fernández en relación al régimen venezolano y abrió una grieta entre los propios que consideran que el Presidente está corriéndose a la derecha.
La realidad es que lo expresado por el embajador argentino en Ginebra, Federico Villegas, ante un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue claro y sintético: Argentina denuncia la violación de los Derechos Humanos, condena las sanciones y propone una solución democrática entre venezolanos mediante elecciones transparentes. Más allá de la interpretación hecha por los medios y la oposición, la realidad es que hay un reconocimiento de la gravedad de la crisis. ¿Cuál es el conflicto entonces?
Como vemos, en el caso venezolano, el gobierno argentino implementó una posición equidistante tanto de quienes buscan una salida de Maduro como sea, como de quienes lo defienden de forma cerrada y lo ubican como “víctima del imperialismo”. De todas formas, la reacción de un sector del kirchnerismo pone de manifiesto que sigue siendo un tema incómodo. Un ejemplo de esto es la entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales a Alberto Fernández, en donde en un estilo más propio de un interrogatorio que de un reportaje a un mandatario, el conductor radial le cuestionó al Presidente esta postura.
En una semana cargada de fuego amigo, Alberto Fernández tuvo que salir a explicar de manera insólita la posición de su gobierno: "Estamos en un tiempo donde cada uno usa la parte que le conviene de la información: hubo una reunión en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, donde la Argentina hizo el planteo que siempre hace; este es un informe muy crítico, aunque menos que el anterior planteado por Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, y Argentina otra vez ratificó su posición de preservar los Derechos Humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno”.
Algo similar dijo el Canciller, Felipe Solá, cuando planteó ante corresponsables internacionales: “No me cambien la bocha”, en relación a la interpretación que el PRO y medios más afines a la Casa Blanca hicieron del discurso de Villegas. Resulta extraño que un jefe de Estado aclare una decisión política que busca condenar arbitrariedades de un gobierno que hace tiempo perdió el rumbo. ¿Cuál es el argumento central por el cual el Gobierno debería decir lo contrario o simplemente no decir nada? Una alta fuente cercana a la Cancillería dijo ante la consulta de El Canciller que "nosotros mantenemos la línea histórica de Argentina en materia de defensa de Derechos Humanos y como dijimos en campaña, ponemos en valor el informe de Bachelet". "Esto no implica avalar las sanciones ni mucho menos una intervención militar tanto interna como regional o externa", agregó.
Los medios que hablaron de "giro del Gobierno" hicieron hincapié en la abstención argentina ante la Organización de Estados Americanos a la hora de condenar la situación venezolana. Esto tiene una explicación con nombre y apellido: Luis Almagro. La fuente diplomática planteó que "la OEA es un espacio hostil liderado por una persona que tiene una posición tomada y busca arrastrarnos detrás de su posición que no es ni de mediador ni de organismo multilateral como establece su carta orgánica". "Nos presentaron un documento cinco minutos antes de votarlo para que lo firmemos con cosas en las que estamos de acuerdo y otras que no pero sin tiempo de leerlo o plantear aportes. Abstenernos no es estar en contra, los que estuvieron en contra se fueron", sostuvo.
Aquí vemos varios problemas: la superficialidad con la que se presenta públicamente la crisis en Venezuela y la falta de interlocutores para pensar una solución democrática. Sobre lo primero hay destacar que Venezuela tiene una crisis económica, política y humanitaria que debe ser atendida con responsabilidad y, para que eso pueda ser posible, hay que abandonar los sueños aventureros intervencionistas de algunos y la ceguera ideológica anclada en la nostalgia de un pasado que ya no existe ni en la región ni en Venezuela.
Cristina Fernández de Kirchner reconoció en 2017 que no había estado de derecho en Venezuela, Sergio Massa saludó la proclamación de Juan Guaidó en 2018 y Alberto Fernández se encargó de tomar distancia de un chavismo que también lo mira con desconfianza. Pareciera entonces que la bronca viene más de las periferias que del centro del poder que gobierna. En relación a los interlocutores, es difícil adjudicarle falta de seriedad u objetividad a Michelle Bachelet que, a diferencia de Luis Almagro, encabezó misiones no solo en Venezuela sino también en Chile y Ecuador durante las protestas de octubre, y en Bolivia luego de la represión desatada por el Golpe de Estado contra Evo Morales.
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Ideologizar las relaciones internacionales es clamar por la democracia en Venezuela y omitir la interrupción del orden democrático en Bolivia e invitar a quien asumió por un golpe a la Cumbre del Mercosur o a tu ceremonia de asunción como hizo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Al mismo tiempo, la simplificación progresista responsabilizando al imperio deja de lado las enormes calamidades que sufren los venezolanos en un país que según el informe de la ONU tiene 2,3 millones de personas que “se encuentran en inseguridad alimentaria severa” y en 5 millones las que “han abandonado el país”.
A su vez, tal como describe el Policy Brief de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)m elaborado por Claudia Vargas Ribas y que próximamente será publicado, según Acnur, "el movimiento migratorio venezolano es el más grande de la región actualmente, cuya crisis solo es superada por la migración siria y que hasta la fecha suma 5.093.987 personas, de los cuales 69.1% se encuentran en Colombia (36%) Perú (17%), Chile (9%) y Ecuador (7.1%). Las causas de esta emigración las podemos resumir en dos grandes aspectos no excluyentes: la falta de garantía de sus derechos políticos y civiles, y la existencia de una crisis humanitaria compleja que les impide satisfacer necesidades básicas.
A esto se suma el colapso de la economía y servicios públicos, la inexistente capacidad fiscal, creciente autoritarismo, precariedad de sistema de salud, emergencia humanitaria, violaciones de derechos humanos, represión, presencia de grupos irregulares y censura. Plantear que una critica al gobierno de Maduro es ser funcional a la derecha o a los intereses de Estados Unidos es inadmisible ante un problema que deben resolver internamente los venezolanos, pero que la región tiene que atender para no sufrir las consecuencias.
Ademas de la catástrofe social, Venezuela tiene una profunda crisis institucional con dos directivas de Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente que no redactó ni media oración de la supuesta nueva Constitución pero que legisla de facto, dos Tribunales Supremos de Justicia (uno en el exterior) y dos presidentes reconocidos por la Comunidad Internacional. Hay motivos suficiente como para plantear una preocupación pública respecto del tema a pesar del enojo de los que ofician como fiscales del progresismo. Por eso, cuestionar la posición oficial es absurdo, ya que, el Gobierno no fue detrás de la estrategia de Washington de reconocer a Juan Guaidó, ni alimentó la presión internacional como el gobierno anterior y buena parte de la derecha latinoamericana.
En el plano interno, Venezuela tiene un gobierno que no se deja ayudar y embarra sistemáticamente la cancha cada vez que se acerca un proceso electoral y una oposición que no termina de decidir si se sienta dialogar o sigue el camino insurreccional. Este empate catastrófico tiene a la dirigencia política venezolana como parte del problema de un problema que se agranda cada vez más. En ese sentido, Argentina, como la región y los organismo multilaterales deberán oficiar de garantes y mediadores y condenar lo que se tenga condenar en defensa de la democracia y los Derechos Humanos.
Entonces, ¿por qué hablamos tanto de Venezuela? Por su cercanía, el grado de radicalización de los actores, la disputa geopolítica, la dimensión trágica de la crisis y, también, cierto fetiche derechista para erosionar la legitimad de opciones progresistas. Con el pragmatismo que demanda la política internacional, Alberto Fernández tiene que hacer equilibrio con el ala dura que decidió cuestionarlo para tratar de salir de este laberinto por arriba, delegarle a Cancillería la gestión de soluciones sin necesidad de abrir otro frente innecesario en su coalición ni andar pidiendo disculpas a quienes se sienten cómodos en los extremos.
