Fuego cruzado entre la Corte Suprema y el Gobierno: qué se esconde detrás del conflicto por la Ley Micaela

El Máximo Tribunal informó que cuentan con cursos de perspectiva de género desde 2009, mientras que el Gobierno le exige la implementación de la ley 27.499. Lo que se juega de fondo.
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El Gobierno apuntó a la falta de capacitación de la Corte Suprema en perspectiva de género dispuesta por la Ley Micaela para cruzar públicamente al Máximo Tribunal, mientras que los cortesanos no tardaron en responder que, desde el 2010, el Poder Judicial cuenta con capacitaciones en esa materia.

Los motivos de la disputa exceden la discusión por la implementación de la norma largamente.

Luego de los dichos del presidente Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta reconoció que la Justicia cuenta con cursos brindados por la Oficina de la Mujer pero reiteró que no tuvo respuestas respecto del cumpliento de la norma nacional.

Ante la crítica presidencial, la Corte publicó rápidamente un comunicado en el que explicó que “en abril de 2009 este Tribunal creó la Oficina de la Mujer (OM) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta su fallecimiento estuvo a cargo de la doctora Carmen Argibay. Actualmente se encuentra a cargo de la doctora Elena Highton de Nolasco, junto a otra de las oficinas pioneras y modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona desde el año 2008″.

El comunicado no mencionó al Presidente, pero sí recordó que el texto del proyecto de la Ley Micaela destacaba la labor del Máximo Tribunal en las capacitaciones de género: “El taller de Perspectiva de Género, de 16 horas cátedra, que fue validado por Naciones Unidas y declarado como buena práctica por la Organización de Estados Americanos”.

¿Choque de intereses?

Fernández en reiteradas oportunidades criticó el funcionamiento del sistema judicial, desde el primer discurso que dio como Presidente hasta ayer durante la presentación del Plan Acompañar, pero recién en esta última optó por referirse abiertamente al titular de la máxima instancia del Poder Judicial, Carlos Rosenkrantz, afín al gobierno de Cambiemos y ¿defensor? de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Rosenkrantz, dejando de lado que se convirtió en supremo de la mano de Macri, había sido abogado de muchas empresas entre ellas el Grupo Clarín. Suficiente pasado para enemistarlo con Alberto Fernández.

Sumado a que el presidente de la Corte rechaza -casi públicamente- la decisión del Gobierno de dejar sin efecto los traslados de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Y pese al bajo perfil, el ministro habló sobre la cuestión con La Nación: “La Corte dará una respuesta adecuada a derecho”.

Rosenkrantz mantiene una disputa interminable con el extitular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quién supo articular aún así su propia mayoria con Horacio Rosatti y Carlos Maqueda. Pero el oriundo de Rafaela también sostiene un duro conflicto con el kirchnerismo, aunque ante todo deseaba volver a dirigir la máxima instancia judicial del país.

En sus manos, la Corte tiene que decidir sobre los per saltum de los jueces, el destino de los fondos de coparticipación de la Ciudad a la Provincia (tras el amparo que presentó Larreta) y el recurso de la Defensoría de la Tercera Edad contra la nueva fórmula para las jubilaciones.  Se trata de tres cuestiones claves para la administración de Fernández. La batalla ya comenzó.