La Aduana detectó importaciones irregulares para Vaca Muerta y exige el pago de $ 1.000 millones
Por la maniobra fraudulenta, también le reclama a DLS Argentina Limited que ceda al Estado lo importado ilegalmente.
La Dirección General de Aduanas (DGA) constató que la firma DLS Argentina Limited, que se dedica a la perforación de hidrocarburos, apeló a maniobras irregulares para concretar la importación de insumos industriales a ser usados en Vaca Muerta, por lo que se inició un proceso en el que se le exige a la compañía que pague más de $1.000 millones al Estado nacional. De acuerdo a la entidad oficial, la empresa intentó evitar derechos de importación equivalentes a más de 3 millones de dólares.
A través de un análisis documental, la DGA detectó que en 2014 la firma de perforación ingresó al país mercadería de importación prohibida, por su condición de usada. Para sortear el impedimento, se amparó en el régimen de ingreso temporario, pero en rigor, eso constituyó una nueva infracción, dada su vinculación con la empresa exportadora, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 1001/82.
La maquinaria fue exportada por ARCHER BCH LTD, firma radicada en Canadá que pertenece al mismo grupo económico que la destinataria argentina: ambas empresas son subsidiarias de ARCHER LIMITED, por lo cual la maniobra tendría que haberse documentado como una importación definitiva. En ese marco, constituye una infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
La maniobra le permitió a DLS Argentina evitar el pago de aranceles, lo que habilitó a la compañía a evadir el pago de USD 3.348.118 en concepto de derechos de importación.
Por esta maniobra fraudulenta, la Aduana denunció a la filial argentina y le reclama, no sólo la cancelación de los aranceles que no pagó en 2014, sino que también busca aplicarle una multa mínima de $223.179.643 y le exige el abandono de la mercadería en favor del Estado nacional.
el organismo denunció a la filial argentina y reclama no sólo la cancelación de los aranceles que no pagó en 2014, sino que además pretende aplicar una multa mínima de $ 223.179.643,39, al tiempo que exige el abandono de la mercadería en favor del Estado nacional.