En el marco del juicio por la nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), dispuesta en 2012 por el Estado argentino, el país pidió a la Justicia estadounidense que el monto a pagar no supere los 4.920 millones de dólares.

El juicio, a cargo de la magistrada Loretta Preska, inició este miércoles tras ocho años de litigio y durará tres días en los que se decidirán los daños económicos que el Estado nacional deberá pagar a los fondos Burford y Eton Park. Estas empresas, que poseen los derechos para litigar en nombre de los accionistas que tuvieron la propiedad de un 29% de YPF, piden USD 16.100 millones.

Argentina debe pagar por no haber ofertado públicamente las acciones de YPF al estatizar el 51% de la petrolera, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Así lo definió en marzo de este año Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, cuando falló a favor del fondo Burford Capital. Lo que resta definir es el monto que tendrá que desembolsar el país, cuyo rango se estableció en las reuniones preliminares del juicio.

El valor final que deberá afrontar el Estado nacional lo determinará Preska en función de dos factores: la fecha en la que Argentina tomó el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés por la demora en la actualización de la indemnización.

Respecto a la primera variable, los fondos demandantes Burford y Eton Park señalan que fue el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se designó por decreto a un interventor del Poder Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

Por su parte, Argentina sostiene que debe tomarse como fecha el 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741. Con esta norma, que declaró la utilidad pública y la expropiación, el Estado nacional comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.

En cuanto a la tasa de interés, que será entre 0% y 8%, el especialista en la causa y CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó que impactará en USD 7.600 millones del total que podría tener que desembolsar Argentina.