En una nueva ofensiva en el juicio por la expropiación de YPF, los beneficiarios del fallo que condenó a Argentina a pagar USD 16.100 millones pidieron una audiencia a Loretta Preska para avanzar con los embargos, a los que la jueza de Nueva York dio vía libre a partir del 11 de enero porque el país no depositó las garantías para evitarlos.

En ese sentido, el ganador del juicio, el fondo inglés Burford Capital, solicitó información sobre acciones de YPF en manos del Estado y otras expropiadas a Repsol, cuentas y activos valuados en USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y situación de Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y Banco Nación.

Según Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en el caso, como Argentina no depositó las garantías para evitar esta medida, los demandantes denunciaron ante la magistrada neoyorquina la imposibilidad de iniciar con el "discovery", el procedimiento por el cual se descubren los posibles activos a embargar.

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En un documento de 122 páginas, los ganadores del juicio exigieron una reunión con Preska, al considerar que Argentina "busca erróneamente proteger categorías enteras de activos" bajo la premisa de que "supuestamente son inmunes al embargo, designándose a sí misma como el guardián unilateral de esta cuestión crítica".

"El deudor del fallo no es el tomador de decisiones adecuado para esa determinación, especialmente cuando hacerlo obstruiría la divulgación completa y justa. Más bien, los acreedores judiciales tienen derecho a un descubrimiento permisivo de los activos de un deudor soberano precisamente para que cualquier objeción a la inmunidad pueda luego resolverse sobre un expediente completo y justo", justificó la solicitud.

De esta manera, según el propio escrito, ni la gestión encabezada por Alberto Fernández, ni la de Javier Milei colaboraron con el "discovery".

En diciembre pasado, la magistrada neoyorquina había rechazado el pedido formulado por el Gobierno de extender por 30 días el plazo para presentar garantías y de esa manera evitar los embargos.

En septiembre último, la jueza condenó al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones por el trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización, en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

Ese juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, que hace años compró el derecho a litigar a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol, a la que en 2012 se le adquirió su paquete accionario por unos USD 5.000 millones.

Unos días después de asumir, el Presidente se refirió a esta situación en una entrevista con LN+ y aseguró que Argentina no tiene plata para pagarlo, aunque sí la voluntad de hacerlo. 

En ese sentido, sugirió crear un nuevo impuesto, la "tasa Kicillof", para que los contribuyentes aporten para saldar la deuda generada por la expropiación de la petrolera. Según explicó Milei, se trataría de un "bono perpetuo" para que "los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires".