El Gobierno modificó dos artículos de la Ley de Tarjetas de Crédito vinculados al resumen de operaciones
La medida se llevó a cabo “con el fin de realizar una fuerte desregulación y simplificación” de este mercado.
Este viernes, el Gobierno dispuso la modificación de dos artículos del régimen de tarjetas de crédito, en busca de lograr una "fuerte desregulación y simplificación" de ese mercado. Se trata de dos cambios vinculados al resumen de operaciones de los usuarios.
A través del Decreto 361/2024 publicado en el Boletín Oficial, se reglamentaron los artículos 22 y 25 de la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito.
Por un lado, el dictamen establece que, a los fines del envío del resumen mensual de operaciones previsto en el artículo 22 de la norma, no deberá mediar oposición del usuario cuando su remisión fuera realizada en forma electrónica.
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Además, se fijó que el canal de comunicación al que alude el artículo 25 para el supuesto de la no recepción del resumen podrá ser telefónico, electrónico o similar, siempre que cumpla con su cometido.
El decreto, que ya entró en vigencia, lleva la firma del presidente Javier Milei; del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
El Poder Ejecutivo aseguró que esta decisión forma parte de la ruta trazada en el DNU 70/2023, que estableció una serie de medidas que tenían como objetivo desregular la economía.
Entre ellas, había modificado la Ley de Tarjetas de Crédito, "con el fin de realizar una fuerte desregulación y simplificación en ese mercado, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización".
Para la Casa Rosada, el DNU 70/2023 plantea que "se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial".
Entre otros puntos, ese decreto estableció que cualquier entidad, dentro de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o hacer efectivo el pago. También obligó a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada.