El conflicto iniciado por los incrementos en las cuotas de medicina prepaga parece no dar tregua, ya que luego de que el Gobierno acusara a las empresas de realizar aumentos desproporcionados y les ordenara dar marcha atrás con las subas, algunas de ellas presentaron ante el Poder Judicial un documento en el que negaron que los ajustes dispuestos en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 hayan sido "abusivos".

Se trata de Sancor Salud, Swiss Medical y Medicus, que pidieron rechazar la acción de amparo presentada por el Ejecutivo el pasado 17 de abril, a la vez que aseguraron que los aumentos están justificados y que no devolverán a los usuarios lo que se les reclama por haber cobrado de más de diciembre a esta parte.

Las presentaciones fueron hechas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9, en donde también quedó radicado el recurso interpuesto por el Gobierno que busca, desde el Poder Judicial, desautorizar aquello a lo que había dado luz verde con el megadecreto de desregulación de la economía de diciembre pasado.

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En este marco, las tres prestadoras de medicina privada justificaron los aumentos en sus cuotas al alegar que la normativa firmada por el presidente Javier Milei desreguló el sector y le quitó el rol de fiscalizador a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). En el mismo sentido, cuestionaron la legitimidad de este último organismo, que fue el que presentó el amparo ante la Justicia.

Más de 20 empresas están acusadas en un expediente administrativo de haber "cartelizado" los precios de sus cuotas, por lo que la secretaría de Industria y Comercio dispuso una medida de retrotraer las subas. Si bien las cuotas por vía administrativa fueron retrotraídas a diciembre, la decisión es apelable ante los tribunales ordinarios.

Por este motivo, la estrategia del Gobierno presentarse en el fuero Civil y Comercial Federal a través de la SSS, con el objetivo de obtener una cautelar que asegure el cumplimiento de la disposición. Al anunciar la acción legal, el organismo autárquico que funciona en la órbita de la cartera sanitaria calificó los incrementos como "abusivos producto de una posición dominante en el mercado". 

En línea con la secretaría de Comercio, desde la Superintendencia de Salud también pidieron "que se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses".

El juzgado que participe en la causa emitió el pasado lunes un primer despacho en el que postergó cualquier definición y corrió vista (pidió opinión) a la fiscalía para que dictamine si el expediente es de competencia de ese fuero o debe pasar a otro.

Una vez resuelta esta cuestión, el magistrado que quede a cargo deberá dar intervención a todas las partes en plazos breves y, recién entonces emitir un fallo haciendo lugar o rechazando el amparo presentado por el Gobierno.