La secretaría de Comercio dispuso, a través de la Resolución 51/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio". 

Por medio de un comunicado, la cartera a cargo de Pablo Lavigne denunció que las normativas desechadas "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".

En esa línea, el Secretario aseguró que "el sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria".

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Al respecto, el comunicado indicó que se realizó un relevamiento con el objetivo de eliminar "superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios".

Además, detalló que se dejaron sin efecto los regímenes informativos de precios máximos y Precios Cuidados, como así también normativas complementarias de la Ley de Góndolas y de Abastecimiento “que establecían su supervisión y cumplimiento", y aquellas que suplementaban al programa Precios Justos, que había finalizado el 8 de diciembre de 2023. 

“Estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país", denunciaron desde la secretaría de Comercio.

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies. Según informaron desde la cartera, el objetivo es “que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".

A su vez, las autoridades nacionales indicaron que dentro de las derogaciones se encuentran el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiqueta (SiFIRE), que "establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos", y el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que consistía en la notificación de "precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior".

“Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior", afirmaron.

Como parte de las "políticas de simplificación" de la actual gestión, también se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada; la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas; y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los compradores “que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores".