El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito en el que le pide a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera que obliga a la Argentina a pagar USD 16.100 millones.

La noticia se conoció el mismo día en que el republicano Donald Trump fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales que se celebraron en el país norteamericano.

En su presentación, el Departamento de Justicia argumentó que la orden de "turnover" de las acciones de YPF que piden los demandantes "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos", por lo que le solicitó a la magistrada que la rechace, según informó en X el abogado Sebastián Soler, especialista en el caso.

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"Este amicus curiae del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF era esperado", aseguró, a su vez, Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y quien sigue de manera pormenorizada la causa.

Maril consideró que el Gobierno estadounidense sostiene que se violan ciertas leyes locales y, al mismo tiempo, se abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano. "Esto no afecta el fallo de los USD 16.100 millones, ni el alter ego, ni la apelación", aclaró.

Los fondos Burford y Eton Capital, quienes ganaron el juicio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, en primera instancia solicitaron que la Argentina entregara un tercio de las acciones de la petrolera estatal como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados.

En este contexto, la Procuración del Tesoro se puso en contacto con el Gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y explicar las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicitara el embargo de activos que están en otra jurisdicción. 

En septiembre pasado, la administración demócrata había pedido tiempo para evaluar si presentaría un escrito acerca del pedido de los demandantes de que la Argentina entregara sus acciones de YPF. En concreto, había solicitado poder dar su opinión justamente este miércoles, un día después de las elecciones presidenciales.

Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen -que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de la firma argentina- entraron en quiebra.

Los fondos sostuvieron que el Gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º, cuando un inversor compra más del 15%, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.

En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a USD 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’".

Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. "Argentina obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’", consideró la jueza neoyorquina.

La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la Ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó €15,1 millones al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.