Aumento de tarifas: cuánto costaría el gas desde febrero según el pedido de las empresas

Las tarifas de gas para usuarios residenciales de todo el país se duplicarían desde febrero, en caso de prosperar la solicitud de readecuación de los montos que las compañías distribuidoras y transportadoras presentaron este lunes en la audiencia pública virtual organizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Durante el encuentro, las empresas pidieron aumentos de hasta 704% en las tarifas, con distinto impacto según la categoría de usuarios y su zona de residencia, y con ajustes mensuales en base a un indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En representación de la distribuidora Metrogas, Sebastián Mazzuccheli consideró necesario impulsar una “actualización tarifaria razonable, periódica y acorde a lo establecido a la licencia”. A su vez, propuso que las tarifas se ajusten mensualmente en base al Índice de Precios Internos al por Mayor-Nivel General (IPIM) publicado por el INDEC, y que se aplique un cargo fijo mensual para todas las categorías. 

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Mazzuccheli reclamó una adecuación tarifaria de 438% a 704% para usuarios residenciales según el segmento al que correspondan, de forma que tendrán un impacto del 30% en la factura final: en el caso del Nivel 1 (R1), el incremento sería de $2.819 promedio por mes, mientras que los niveles 2 y 3 sería de $3.019 y $2.967, respectivamente.

En tanto, las distribuidoras Naturgy BAN y Gasnor, representadas por Marcela Córdoba, solicitaron un aumento del 413% promedio, con actualización posterior por medio del IPIM. En el primer caso, el impacto en la factura de los usuarios residenciales de Nivel 1, será de $5.416 por mes en distribución y la tarifa final quedará en $11.124, mientras que en el segundo el incremento será de $3.823 mensuales y la tarifa final se ubicará en $8.076.  

Por su parte, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur solicitaron, a través de su directivo Alejandro Pérez, una recomposición tarifaria “en función de los atrasos” que llega a 421% en la primera y a 543% en la segunda.

De este modo, el usuario de mayor consumo en Pampeana pasará de pagar $6.662 a $12.383; mientras que en el caso de Sur lo hará de $4.164 a $7.430.

A su vez, María Guadalupe Morra, de Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora Cuyana, solicitó una suba de 449% y de 325%, respectivamente. En consecuencia, el impacto promedio final en la tarifa será de 190% quedando la factura en alrededor de $5.000 y $6.000, en cada caso.

En el caso de Litoral Gas, Néstor Molinari detalló que, para esa distribuidora, es necesario que la factura promedio mensual para un usuario de Nivel 1 pase de $5.834 en la actualidad a $10.876 en febrero, con una adecuación de $3.584 por mes más impuestos.

En cuanto al transporte, Guillermo Cánovas pidió, en representación de Transportadora de Gas del Norte, un ajuste de 523,5%. De esta forma, el impacto en la factura de un consumidor residencial promedio de Tucumán, que hoy paga $2.857 por mes, será de $650, es decir, un aumento del 23%. Por  su parte, un usuario residencial Nivel 1 de la Ciudad de Buenos Aires que paga $4208 por mes, tendrá un incremento de $2.077 (49%) en concepto de transporte.

Para el directivo de la empresa, existe una “necesidad impostergable de aprobar un régimen tarifario de transición”. Al respecto, aseguró: “Desde abril de 2018 a diciembre de 2023, nuestros costos se multiplicaron por 29 y las tarifas por 5. La inflación no reflejada en tarifas en ese período fue del 523%. Esto significa que los ingresos reales de TGN e redujeron a un sexto producto del atraso tarifario”.

“Ese retraso tarifario llevó a la empresa a cumular una pérdida operativa de $7.868 millones entre enero y septiembre de 2023”, aseveró.

Por su parte, Transportadora de Gas del Sur (TGS), representada en la audiencia por Rubén de Muría, pidió un ajuste de 567,3%, que representaría el “porcentaje de retraso tarifario desde marzo de 2019 a diciembre de 2023”.

Según el directivo, un usuario de la categoría R1 paga en promedio $132 mensuales por transporte y, con la readecuación tarifaria, pasaría a abonar $878. Además, también consideró necesario que la actualización mensual de las tarifas de transporte y distribución se realice por medio del IPIM.

Los nuevos valores de las tarifas ya habían sido planteados por 15 empresas del sector ante Enargas previo a la audiencia de este lunes. La suba fue solicitada tanto por las firmas encargadas de la distribución, la que llega a hogares y empresas, como por las que se abocan al transporte y la producción.

Las propuestas de adecuación tarifaria de las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), de subdistribución (Redengas) y de transporte (TGN y TGS) pueden consultarse en el apartado Material de consulta de la página web del Enargas.

A pesar de esas presentaciones de propuestas de ajustes tarifarios, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

Qué pasará con los subsidios

En paralelo al pedido de aumento de tarifas por parte de las empresas distribuidoras y transportadoras, el Gobierno dispuso que la segmentación tarifaria del servicio de gas cambiará desde el 1° de abril próximo, cuando comenzará a regir un nuevo esquema para otorgar subsidios. Así lo anunció durante la audiencia pública de este lunes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien subrayó que la “readecuación” se focalizará “en el sector más vulnerable” de usuarios.

“La segmentación de subsidios que realizó el Gobierno anterior ha tenido falencias, ya que los usuarios siguen recibiendo subsidios generalizados y, además, existe falta de control de padrón”, enfatizó el funcionario.

En ese sentido, Rodríguez Chirillo explicó que la “propuesta de cambio” será “determinar los ingresos totales del grupo familiar y fijar una canasta básica energética con tipos de consumo en las distintas zonas del país, para que el subsidio que otorgará el Estado sea diferencial cuando el precio de esa canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”.

El titular de la cartera energética se pronunció en el marco de la audiencia pública virtual organizada por Enargas, que se fijó para la adecuación transitoria de las tarifas de transporte y distribución de gas. Allí también se discutió el índice de actualización mensual de las tarifas.

Para el funcionario del Ejecutivo, en la actualidad se observa “un agotamiento de un modelo que llegó a su fin y que nos dejó en una situación de vulnerabilidad de los sistemas energéticos”.

“Las administraciones anteriores dejaron una situación que se puede resumir así: el sistema energético actual se encuentra altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de USD 30.000 millones en los últimos diez años”, afirmó Rodríguez Chirillo.

Asimismo, añadió que, para revertir esta situación, el objetivo es “asegurar el suministro, revertir el balance comercial energético deficitario en el corto plazo, que las tarifas aseguren la sustentabilidad financiera del sector, reasignar los subsidios a los sectores más vulnerables, que el sector privado sea el responsable de la expansión de la infraestructura a su propio riesgo”.

Por su parte, el interventor del Enargas, Carlos Casares, sostuvo que si bien existieron adecuaciones transitorias, regladas por un decreto de 2020, “no se ha llegado a un acuerdo definitivo de renegociación” y agregó: “Por lo tanto, se considera finalizada esa etapa”.

“En esta nueva gestión se entiende necesario brindar señales claras y precisas para un consumo eficiente y racional para los distintos tipos de usuarios”, manifestó Casares, quien resaltó que la meta es “evitar que la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas devengan en la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras y una profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de redes y su ampliación”.

“Dadas estas condiciones, resulta necesario adoptar medidas que permitan asegurar la continuidad de los servicios públicos de gas. Por eso, además de llevar adelante la readecuación tarifaria, es necesario aprobar los ajustes periódicos”, resaltó el interventor.

En tanto, en el marco de la audiencia pública, las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentaron sus propuestas de aumentos a las tarifas del servicio. El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que los ajustes mensuales comenzarán “a partir de febrero o marzo”.  

La audiencia pública 104, convocada por Enargas a través de la resolución 704/2023, contó con la participación de más de cien expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

En base al cronograma del evento, entre los inscriptos para tomar la palabra también figuró Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía; y el exministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

Siete puntos a tratar

Entre los principales aspectos a abordar en la audiencia pública se destacaron: 

• La adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural.
• La misma adecuación transitoria para el servicio público de distribución de gas por redes.
• El traslado a tarifas del precio del gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.
• El tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte del Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes.
• El tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC).
• La reversión del Gasoducto Norte.
• La determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes.