La Legislatura excluyó a la Bombonera del proyecto para declararla "patrimonio histórico" y Boca podrá ampliarla
El legislador Edgardo Alifraco, de la Libertad Avanza, confirmó la noticia, que abrió la posibilidad a que el club auriazul pueda presentar un proyecto para modificar la capacidad del estadio.
Luego del ida y vuelta entre la dirigencia de Boca y el Gobierno porteño por la eventual declaración de la Bombonera como "patrimonio histórico", la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires excluyó este jueves al estadio de la lista de inmuebles protegidos, por lo que el club xeneize estará habilitado para modificar la capacidad del escenario deportivo.
"Hay cuatro inmuebles que han sido retirados del catálogo a analizar y están ligados a instituciones deportivas. Uno de ellos es el estadio del Club Atlético Boca Juniors, la Bombonera", informó el legislador Edgardo Alifraco, de La Libertad Avanza.
Desde que Juan Román Riquelme asumió la presidencia del club, a finales de 2023, sobrevuela la posibilidad de que la Bombonera sea ampliada.
TE PODRÍA INTERESAR: Tevez rompió el silencio tras su salida de Independiente: los dardos a Riquelme y a los dirigentes del Rojo
Sin embargo, la Comisión Directiva no ha presentado un proyecto en ese sentido, aunque fuentes extraoficiales señalan que Riquelme ya eligió la iniciativa que elevaría a 82.000 personas el aforo del estadio, inaugurado en 1940 y que actualmente tiene capacidad para 57.000 espectadores.
La semana pasada, los dirigentes de Boca elevaron un pedido a la Legislatura para que la Bombonera no fuera incluida en un listado de inmuebles a ser declarados "patrimonio histórico", lo que imposibilitaría obras que modificaran su estructura.
El sábado pasado, el Gobierno porteño aseguró que no había sido notificado sobre futuras obras para ampliar el estadio y recordó que su protección estructural data de hace una década.
El Ejecutivo porteño remarcó, además, que "la Legislatura de la Ciudad es el órgano que está llevando adelante el tratamiento" del proyecto de ley que originó el conflicto y será el que "defina si incorpora o no estos inmuebles con protección preventiva al catálogo definitivo para que la medida quede firme".