La “colimba” no existe en Argentina desde 1994, cuando el escándalo por la tortura, desaparición y muerte del joven Omar Carrasco bajo la presidencia de Carlos Menem desterró el sistema de la vida social del país. Tras los precedentes de 2007 –con una iniciativa del entonces senador provincial Alfredo Olmedo– y en 2019 –con un decreto del expresidente Mauricio Macri que creó el reconvertido Servicio Cívico Voluntario en Valores– la discusión por su regreso volvió a reavivarse con la reciente propuesta de la diputada provincial santafesina Amalia Granata.

Después de un viaje por Israel, la exmediática planteó la vuelta del Servicio Militar Obligatorio inspirado en el régimen del Estado judío para “encaminar la conducta de los jóvenes” argentinos. Sin embargo, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, descartó la opción y sostuvo: “Es un despropósito”. ¿Cómo funciona y cuáles son los problemas que trae aparejado el sistema en el que se inspiró Granata?

• Obligatorio. El servicio militar en Israel, conocido como la “Tzavá”, existe desde su conformación como Estado-nación en 1948. Todos los hombres y mujeres deben incorporarse al cumplir su mayoría de edad. En el caso de los hombres, dura tres años; y en el de las mujeres, dos. Se trata de uno de los pilares de la identidad israelí.

• Hipótesis de conflicto. Al tratarse de una nación en permanente conflicto con otros países vecinos, la seguridad nacional está bajo constante “amenaza”. Situación que no se traslada al caso argentino.

• Exentos. Dado que la incapacidad física o mental y la condición de “jaredí” –religioso ortodoxo– son razones por las cuales los jóvenes tienen permitido no integrar la Tzavá, muchos y muchas declaran sufrir alguna enfermedad psíquica para evitarla, así como otros se unen a alguna yeshivá –escuela judía ortodoxa– con el mismo propósito.

• Objeción de conciencia. Sin embargo, y aunque la legislación del país no lo permite, hay quienes deciden oponerse al régimen de forma pública y expresa. La negativa ante la incorporación a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) constituye un delito con consecuencias penales. Aunque mayormente suelen tratarse de algunas semanas, hay quienes han sufrido hasta 10 encarcelamientos y seis meses tras las rejas, como el caso de Natan Blanc en 2013.

• Estigmatización. Aquellos que se animan a presentar su objeción de conciencia representan apenas el 1% de las más de 7.000 personas que se suman a la fuerza cada año. Los denominados “refusenik” –que significa “los que se niegan”–, son estigmatizados como traidores o desertores, muchas veces incluso en el interior de sus familias. Además, sufren las consecuencias a la hora de conseguir trabajo en el futuro.

• Estadística. Los números muestran que de la población restante, el 72% de los varones mayores de edad ingresan a las filas; mientras que un 15% acredita su pertenencia a una yeshivá, un 7% documenta impedimentos médicos, un 3% no cumple los requisitos “por otras razones” y el 3% restante vive en el exterior. En el caso de las mujeres, el cumplimiento llega apenas al 58%.

• Críticas. Aquellos que integran la Tzavá y se oponen al servicio obligatorio israelí consideran que, en realidad, sus funciones consisten en preservar lo que denominan un verdadero “apartheid” contra los palestinos. La ONG Breaking Silence recoge testimonios de más de 1.300 jóvenes israelíes que repudian la ocupación de los territorios de la comunidad árabe.