El FMI tiene un límite. Ayer, antes del trascendental cambio de mando del Banco Central, durante la media sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y al mismo tiempo en que iniciaba el Mundial, se dieron a conocer las 10 condiciones que le impone al Gobierno el Fondo Monetario Internacional.

En una de las últimas acciones como Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger firmó, junto a Nicolás Dujovne, la carta de intención y el programa económico en el que se basa el acuerdo entre la Argentina y el FMI. El comunicado informó sobre las siguientes condiciones que el Gobierno deberá mantener si quiere seguir en marcha con el acuerdo internacional.  

Lo primero fue admitir que la inflación de este año será del 27%. Para 2019 establecen una meta de 17%, de 13% para 2020 y de 9% para 2021. La herramienta para encauzar la escalada de los precios seguirá siendo la política monetaria y los funcionarios se comprometerieron a "mantener nuestra actual política monetaria restrictiva, hasta que vea una señal tangible" de la baja de la inflación para 2019.

Según el informe, se puede entrever que el FMI estableció dos límites, uno primero del 29% y un segundo inquebrantable del 32%. Ese es el límite para el quiebre del acuerdo. 

El Gobierno está comprometido a mantener "un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado".Se limitarán las ventas de reservas internacionales a períodos en que haya "una clara disfunción del mercado". Se comprometieron a enviar al Congreso, antes de marzo 2019, un proyecto de ley para renovar la Carta Orgánica y que tenga mayor autonomía. 

"Esperamos que el crecimiento se sitúe este año entre 0,4% y 1,4% interanual", explica el texto destacando la cualidad de ser conservadores al hacer las proyecciones fiscales. Para 2019, preveen un incremento de 2% en el PBI.

El objetivo es que el déficit primario sea del 2,7% del PBI este año, 1,4% en 2019 y cero en 2020. En este punto se cruzan las reservas del Tesoro y su uso, estipulan, "serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos".

La reducción de subsidios a la energía y el transporte continuará. Los consumidores pasarán de pagar el 80% del costo de gas al 90% en 2020. Al mismo tiempo, prometieron mantener los programas de tarifa social.

Advierten que continuarán con "los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar al competitividad, pero pospondrá "aquellos que no lo sean".

Se trabajará para introducir mejoras en el sistema de pensiones y que sean "financieramente sostenibles". No se especifíca si esto mismo será una modificación al sistema de jubilaciones especiales o si supone una reforma más profunda del sistema.

Lo importante es que abre la puerta para vender las acciones que están en manos del Fondos de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES para pagar la reparación histórica. 

En cuanto al empleo público, congelan las vacantes por dos años.

Se promete sostener el gasto en asistencia social y "destinar recursos adicionales" si la situación empeora.

Una línea inesperada fue la referente a la "inequidades de género arraigadas en el sistema económico argentino".