Cuáles son los únicos 12 países en el mundo que cuentan con planes de acción frente al Cambio Climático

Sea el país que sea, el cambio climático afecta a sus habitantes, a las generaciones venideras y al ecosistema. Incendios, lluvias intensas, huracanas, olas de calor y frío, aumento de la temperatura de la Tierra, retroceso de los glaciares y migraciones forzadas son algunas de sus terribles consecuencias. Sin embargo, solo 12 países tienen planes de acción climática (NDC).

Chile, Surinam, Lesoto, Ruanda, Andorra, Ucrania, Moldovia, Noruega, Singapur, Japón, Islas Marshall y Nueva Zelanda son los Estados que cuentan con NDC. Las emisiones globales de esa docena de países representan solo el 3%.

Mientras que 33 países expresaron su intención de actualizar una NDC para 2020 (incluida la Unión Europea).

Hasta el momento, 103 Estados manifestaron su intención de tomar acción en una NDC para este año. Ellos representan el 15,1% de las emisiones del mundo. 

Solo dos países de Latinoamérica presentaron sus planes: Chile y Surinam.

"La desigualdad económica y los problemas sociales y ambientales que enfrentan los países de América Latina configuran una región vulnerable, donde aumentan continuamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto refuerza la necesidad de una acción climática urgente", sostiene la CEPAL en su trabajo "Avances en la Acción Climática de América Latina".

En Argentina existe la ley 27.520 que busca terminar con el cambio climático, que fue promulgada hace un año atrás, después de más de cuatro años de negociaciones en el Congreso. Este jueves a la tarde, las fundaciones Sustentabilidad Sin Fronteras y Expoterra presentarán un informe sobre la norma nacional que dispone los "presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global".

Pese a la existencia de la ley todavía falta mucho por hacer para palear los efectos que arrasan con el planeta.

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Lo pendiente

"La idea fue organizar un debate abierto entre referentes del Poder Ejecutivo, Legislativo, funcionarios provincias y ONGs para hablar sobre cómo avanzar en la implementación de la ley vigente", explica el cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, Mariano Villares.

El abogado especializado en derecho ambiental sostiene que "la norma no termina de abordar temas claves, cómo de dónde procederán los principales fondos para su implementación, ya que menciona de manera imprecisa las partidas presupuestarias que se deben aprobar cada año".

Sobre ese punto destaca: "De acuerdo a las experiencias internacionales y nacionales seguramente resulte insuficiente".

A su vez, Villares explica que "tampoco menciona el compromiso asumido internacionalmente en la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) presentadas en el 2015 y 2016, ni determina objetivos para reducir las emisiones de esos gases". La norma casi no fija plazos de cumplimientos.

"Es necesario avanzar en algunos temas claves, ausentes en la ley argentina, como establecer objetivos a corto y mediano (2030) y a largo plazo (2050) sobre reducción de emisiones de GEI", afirma Villares. Y agrega: "Además se deben incorporar y desarrollar algunos conceptos específicos de la agenda de cambio climático como transición justa".

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Reconocimiento de avances y falencias

El informe plantea que se debe fortalecer la ley de cambio climático. "Esta norma constituye uno los cimientos del derecho ambiental en materia de cambio climático, lo cual permitirá a partir de esta base avanzar con compromisos más ambiciosos, mediante la reglamentación de la norma por parte del Poder Ejecutivo y a través de nuevas leyes".

También el documento califica a la norma de "poco ambiciosa", sumado a que se promulgó cuatro años después del Acuerdo de París.

A su vez, el trabajo destaca que la norma no será suficiente para cumplir con las NDC, ni servirá para alcanzar una contribución más ambiciosa que esté a la altura de la emergencia climática actual.

Que exista una ley nacional para palear el cambio climático también refuerza los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Lo destacable de la norma es que "fortalece la institucionalidad climática de Argentina al darle un mayor estatus jurídico a las medidas e instituciones climáticas, en particular al gabinete climático". Así se legisla de manera integral y transversal y se ordena la legislación dispersa y que en muchos casos no es de cumplimiento obligatorio.