Cada vez que la propiedad privada salta al campo discursivo, la agitación política escala y la grieta parece no tener límites para estirarse. La primera discusión surgió a partir de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Avellaneda, en el Conurbano bonaerense. La normativa estableció que los terrenos baldíos que no tengan un uso productivo podrán ser expropiados si en el plazo de ocho años sus dueños no construyen.

Las críticas de la oposición no tardaron en llegar. “Nuestros concejales trabajaron muchísimo para que eso no sucediera”, aseguró Patricia Bullrich. Y agregó: “Seguirán luchando para que nadie pueda quitarle a un ciudadano lo que es suyo”. En tanto, el diputado Mario Negri advirtió que, “desde el Gobierno, están sembrando un mar de dudas hasta sobre la propiedad privada”.

Alberto Fernández ya había sentado su postura al respecto. “No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”, sostuvo el jefe de Estado. En Juntos por el Cambio, en ese momento, nadie alzó la voz sobre la declaración del primer mandatario, que quedó perdida en el tintero.

Pero el puntapié inicial para recuperarlo fue lo de Avellaneda. La oposición considera que este es un “debate chavista”. En esa línea, el diputado Waldo Wolff fue contundente: “Estamos a siete diputados de ser Venezuela”.

La fuerte declaración del Sumo Pontífice

El papa Francisco este jueves aclaró de qué lado está. En relación a la propiedad privada, la autoridad máxima de la religión católica sostuvo: “Es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes”.

Quizás Alberto entienda el mensaje como un visto bueno para los propósitos que se plantee respecto a la distribución de la tierra. Mientras tanto, la oposición está en alerta. Y, con esto, ancló su campaña electoral en torno a Venezuela.