Sobre nuevo Gobierno, Justicia y Lawfare
Aún no pasó una semana del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández y, como suele ocurrir, cuestiones de la Justicia y la política se entremezclaron en estos pocos días con su inevitable correlato o precuela en uno y otro ámbito.
No está de más recordar que el tema judicial fue uno de los ejes del discurso inaugural del nuevo presidente en el Congreso el martes, y menos aún imposible es de soslayar que su vicepresidenta, Cristina Fernández, afronta un complicado presente y futuro en los tribunales. El protocolo del acto, dispuesto por el nuevo gobierno, puso a los jueces de la Corte Suprema exactamente en la fila de sillas inmediatamente superior a la de la familia del presidente que asumía. ¿Todo un símbolo? ¿Qué símbolo?
“Cuando la política ingresa a los tribunales, la Justicia escapa por la ventana”, fue una de las frases del Fernández presidente en el Congreso, donde fue enfático con el “nunca más a una justicia contaminada por los servicios de inteligencia”, un supuesto anhelo del aún inexperto Néstor Kirchner presidente, rápidamente sepultado tras el primer intento de reforma de su primer ministro de Justicia, Gustavo Béliz, desde este martes secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y con este tema como principal de su agenda.
La historia es conocida. Béliz mostró por TV la foto del espía más influyente, Antonio Horacio Stiuso, enrolado como “Jaime Stiles” en la vieja SIDE; éste lo denunció por revelar su identidad secreta y el otrora y maliciosamente bautizado “zapatitos blancos” durante el gobierno de Carlos Menem, que también integró, terminó autoexiliado en Washington.
Béliz sería quien ahora pergeña los cambios estructurales para Comodoro Py, pero quizás los cambios terminen sólo en algo que ya está en marcha, la reforma del Código Procesal Penal y el traspaso a los fiscales de la instrucción de las causas, hoy, y desde siempre, en manos de los jueces.
Este cronista aún recuerda cuando un fiscal federal ahora en problemas judiciales por este tema le dijo que los servicios de inteligencia no tenían espacio en su fiscalía. Esa charla entre periodista y fuente fue en el marco de las falsas acusaciones que se habían hecho respecto del juez Sebastián Casanello, cuando un sector de los servicios de inteligencia quería apartarlo de la causa sobre la llamada “ruta del dinero K”, bajo el argumento de un inexistente encuentro previo en la quinta de Olivos con la entonces presidenta Cristina Fernández.
El tema fue el principal título de tapa del diario Clarín un día domingo, y se basaba en algo ilegal y no certero: las antenas de telefonía celular habían ubicado su teléfono activo en la quinta de Olivos. Tres datos. Casanello vivía en esa zona y pasaba junto a la quinta casi todos los días. El sistema de las celdas no es prueba, según determinó el tribunal oral que juzgó el caso de “la Banelco” -supuestas coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa que no se pudieron demostrar-, porque si la antena original está saturada, la señal la toma otra, obviamente ubicada en otro lugar. Y tercer y principal dato: Casanello no tenía pinchado ni intervenido su celular en causa alguna. Ergo, era un seguimiento ilegal.
Quizás los cambios terminen sólo en algo que ya está en marcha, la reforma del Código Procesal Penal y el traspaso a los fiscales de la instrucción de las causas, desde siempre, en manos de los jueces
En su primer indagatoria ante un tribunal de juicio, Cristina Fernández habló reiteradas veces la semana pasada de “lawfare”, un concepto. Esa palabra, de obvio origen inglés, a duras penas es traducida como “ley” por el traductor del medio más hegemónico de la actualidad, Google. Sin embargo, el flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la citó en los decretos de designación de un ministro y otro funcionario procesados judicialmente por casos de presunta corrupción, Daniel Gollan y Cristian Girard.
Amén de que no era necesario, porque la ley lo habilita a designar como ministro a alguien procesado judicialmente pero aún sin condena -el mismo concepto que esgrime el kirchnerismo para la excarcelación de quienes aún no fueron sentenciados-, Kicillof introdujo el tema para reforzar el discurso de Cristina, según interpretaron fuentes del gobierno saliente bonaerense, aunque obviamente para despegarse también de las críticas que generarían las nuevas designaciones.
Kicillof definió en el texto publicado en el Boletín Oficial que “lawfare”, una palabra que no existe en el Código Penal argentino ni en normativa jurídica local alguna, significa “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”.
El genérico lawfare enunciado ahora por Cristina y Kicillof fue denunciado con nombre y apellido y artículos del Código Penal años atrás por Casanello, quien logró llevar a juicio a los dos testigos que aseguraron que había estado en la quinta de Olivos. El juicio comenzará en marzo del año que viene. Moraleja: si hay delitos, hay que denunciarlos, aunque el delincuente fuere un juez, un periodista o un gobernante.
