El abogado Maximiliano Rusconi, que entre sus clientes tiene al exministro Julio De Vido, explotó contra la Justicia federal. En un artículo publicado hoy, dijo que en el último tiempo mostró "costados dramáticos" y aseguró que "los malos espíritus se han decidido a usarlos con una intensidad que espantaría al más anómico".

Rusconi, que también representa legalmente a Diego Lagomarsino, calificó la situación como un "drama institucional" que "llega a niveles que invitan a pensar que el destino no ofrecerá una segunda vuelta reparadora a quienes se han decidido a usar la magistratura judicial para encarar papeles tan vergonzantes para una república".

En su nota, publicada en el sitio jurídico Cicerón, el abogado denunció que existe un "amorío entre poderes que lejos de seducirse deben controlarse de modo obsesivo: la libertad de los ciudadanos depende de este juego de frenos y contrapesos que algunos han creído tener el poder de ocultar detrás de relaciones carnales, para colmo pagas".

"En los últimos años, bajo el paradigma políticamente correcto de la 'lucha contra la corrupción', hemos asistido a humillaciones masivas montadas bajo el pretexto de actos procesales, soportado al presidente expresar con contundencia volitiva lo que espera de cada decisión judicial y observado como cientos de noticias judiciales, siempre lesivas para la oposición y siempre festivas para el Gobierno, emanan con un oportunismo de relojería", disparó, y puso de ejemplo la detención del exfuncionario kirchnerista.

Apuntando contra Claudio Bonadio, aunque sin nombrarlo, el abogado aseguró que algunos jueces del fuero federal "creen que no es necesario investigar realmente si hay o no un delito" y que "la investigación se trata de un trabajo tan duro como engorroso (sobre todo cuando no hay delito que amerite alguna investigación)".

"Claro que los jueces requieren, para esta servil tarea, de órganos de control que estén dispuestos a mirar para un solo lado, cueste lo que cueste y sin límite", sentenció Rusconi, que renombró a varias dependencias públicas: la Oficina Anticorrupción de la Oposición (OADO), la Unidad de Información Selectiva Financiera (UISEFI) y la Administración Federal Oficialista de Ingresos Públicos (AFOIP). Todas, según el letrado, "se ocupan de llevar al límite la falta de objetividad de los procesos judiciales".

Por último, advirtió que "quien confíe en que la Corte Suprema de Justicia pondrá las cosas en orden, debiera recordar que dos integrantes le deben al presidente un nombramiento por decreto" y concluyó: "No está claro cuánto durará este desastre institucional, pero los juristas le debemos al derecho, de seguro, un concepto que grafica muy bien las consecuencias que han tenido estos tres años para la vida republicana: destrucción total".