En días convulsionados para el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, el fiscal Alvaro Garganta decidió pedir que Daniel Scioli vaya a juicio oral por irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

La decisión de Garganta había sido adelantada esta semana casi a modo de primicia por el procurador de la provincia, Julio Conte Grand. No hubo sorpresas: de acuerdo al fiscal, la gestión de Scioli contrató y benefició a la firma Miller Building International (MBI), propiedad de Ricardo Miller. Por otra parte, aseguró nuevamente que el exgobernador y el empresario mantenían un vínculo personal y que esa empresa hizo una obra y alquiló un inmueble de Scioli dentro del predio de La Ñata.

"Valoro la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras efectuadas por Ricardo Miller en el complejo hotelero del ex gobernador, y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas, y los pagos recibidos por las misma", razona el fiscal y toma como prueba que ambos mantenía una relación personal desde 2009.

En un dictamen de 371 páginas, el funcionario se dedica también a imputar a otras personas y funcionarios por diversos delitos. A Scioli sólo pudo endilgarle ser "instigador" del delito de "negociaciones incompatibles"; y autor de "tráfico de influencias pasivo". 

Desde la defensa de Scioli, quién ya había presentado un descargo donde refutaba la acusación y resaltaba que en que todos los expedientes de las licitaciones tuvieron la conformidad de diferentes órganos de control, calificaron al pedido de Garganta como arbitrario y con una manifiesta falta de objetividad". Los abogados del actual diputado negaron nuevamente que se haya cometido delito alguno.

¿Cómo sigue ahora la causa?

Más allá de que el pedido fiscal es un paso importante para llegar al debate, la jueza de Garantías Marcela Garmendia es la que debe firmar el paso al juicio oral. Antes, serán notificadas las defensas de todos los imputados, para que hagan sus descargos respectivos.

Una vez que el juzgado haya recibido los documentos de todas las partes y se hayan resuelto los posibles pedidos de nulidades y recursos, el Código Procesal de la Provincia indica que tiene cinco días para resolver las oposiciones al pedido fiscal y efectuar la elevación a juicio, en caso de que corresponda.