El gobierno nacional sumó esta semana un nuevo dolor de cabeza en un contexto frágil en cuanto a la pandemia y otros asuntos judiciales y políticos. Hace pocas horas, apuntó contra Sanity Care, la prestadora que realiza servicios médicos en el Aeropuerto de Ezeiza, por presuntas irregularidades en los tests de coronavirus realizados al llegar al país. 

“Hemos podido constatar que algunos test, en fechas anteriores, tenían un tiempo de demora menor a lo que detalla el elaborador”, explicó la directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies, en una conferencia de prensa.

Sanity Care, presidida por el argentino Marcos Aguirre, realiza cuidados domiciliarios a lo largo de todo el país. Además, cuenta con oficinas en México, Bolivia, Uruguay y Costa Rica. Ofrece nutrición especializada y un amplio espectro de franquicias, junto a un centro de rehabilitación. 

Aguirre lidera la empresa desde 2002, y figura, en otro plano, como socio inversor en Café Martínez. Tras las sospechas que comenzaron a circular, firmó una solicitada oficial a nombre de la compañía. “A través de información errónea publicada sin constatar su veracidad, se pretendió enmarañar el buen nombre de la empresa”, dijo. Y agregó que “frente a la situación de la pandemia, Sanity Care puso a disposición su laboratorio a los fines de que tal espacio sea utilizado para efectuar los testeos a los pasajeros”. En segundo lugar, detalló que “no trabaja con el Estado, no participó ni participa de licitación alguna y mucho menos de algún tipo de contratación directa”. 

Según precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, ya se realizó una presentación en el Juzgado Federal Nº1, para solicitar “que se investigue el accionar del centro médico”. Además, destacaron que el Estado funciona en este caso como “órgano de fiscalización”, sin injerencia ni vínculo contractual con la empresa cuestionada, ya que la misma “fue contratada por Aeropuertos Argentina 2000”.

A su vez, la cartera de Salud consignó otra irregularidad: “Si bien Sanity Care es el servicio médico del aeropuerto, tanto en la cartelería como en medios gráficos y redes sociales se promociona al público como LabPax, lo cual es confuso y debe ser analizado por la Justicia”. 

En sendas inspecciones que realizó el Gobierno, “se seleccionaron aleatoriamente 7 informes de hisopados a pasajeros realizados entre el 21 y el 23 de abril, donde se cotejó el tiempo transcurrido entre la hora de emisión de la factura al momento del pago de la muestra y el horario de los resultados”. 

Denuncias cruzadas

En contrapartida a la investigación del Ministerio de Salud, hay sospechas hacia el rol del Gobierno. Se realizaron diversas denuncias por parte de la Coalición Cívica, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y Acción Republicana. ¿Los apuntados? Vizzotti, Madies y los dueños de la LabPax. Una de las razones esgrimidas es que la empresa contratada no tiene “ningún tipo de antigüedad y trayectoria, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas que no se conoce su experiencia en bioquímica". 

En ese sentido, hace pocos días, la Dirección Nacional de Habilitación allanó oficinas de Aeropuertos 2000, LabPax y Sanity Care, tras un pedido del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, receptor de una de las denuncias. Por ahora, el Ministerio de Salud figura como parte fiscalizadora, y se mostró en abierta colaboración con la causa.

En el mismo orden de cosas, la diputada opositora de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, especificó ante Radio Rivadavia que, según sus investigaciones, detrás de la creación de LabPax “hay referentes del Frente de Todos”. Y mencionó. “Está, Rodolfo Principi, actualmente jefe regional de extracción en el Hospital Vicente Lopez en General Rodríguez, vinculado directamente a Wado de Pedro (ministro del Interior)”.