El 27 de septiembre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente para determinar si en Venezuela se violaron los derechos humanos (DD.HH) desde 2014.

Más de 50 países firmaron un proyecto que se presentará este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que la misión continúe dos años más. El voto de Argentina estaba en duda hasta que esta mañana, la Cancillería apoyó "la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas".

Días atrás, el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, afirmó que Venezuela "sufrió un fuerte asedio de intervencionismo" y que la calificación sobre las violaciones a los DD.HH. eran "sesgadas". Sus declaraciones desataron la polémica.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería se desmarcaron del funcionario y respaldaron el informe de la misión de la ONU, como se lo reclamaba sectores de la oposición y de la comunidad de internacional.

Maduro y su gobierno en la mira

Según el informe de la Misión para la Determinación de los Hechos en Venezuela, "encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos". Entre las cuales destaca ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", reza el texto.

Crisis venezolana
Crisis venezolana

A su vez, las violaciones a los DDHH no fueron actos aislados, sino que "se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno".

El documento insta al Estado venezolano a exigir que rindan cuentas los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura. A su vez, debe impedir que se comentan de nuevo esos actos.

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Ataque a opositores

La investigación concluyó que hubo represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) identificaba a la disidencia política, activistas de DD.HH., y civiles contrarios al Gobierno. Por su parte, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, supuestamente involucradas en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Pedido por el respeto a los derechos humanos en Venezuela
Pedido por el respeto a los derechos humanos en Venezuela

Los detenidos estaban en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se violó el debido proceso.

Hubo detenciones que condujeron a desapariciones forzadas de corta duración y a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual. Esos actos tenían en miras obtener confesiones o castigar.

Protestas y asesinatos

Se produjeron 36 asesinatos contra manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales. También sufrieron tortura durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución. Los hechos fueron durante las protestas masivas de la oposición, en especial en 2014, 2017 y 2019.

Una niña
Una niña

El Poder Judicial venezolano no controló a otros agentes del Estado sobre su accionar. Por eso, el documento sostiene que es necesario que las investigaciones sigan para definir hasta qué punto la influencia política obstaculizó la independencia judicial.

Los expertos no pudieron ingresar al país, dado que el gobierno de Nicolás Maduro no lo permitió. El equipo investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Además, la Misión estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.