Préstamo del Nación a Vicentin: acusaciones en el Senado por ¿intromisión en la Justicia?

La intervención del Gobierno nacional en la empresa Vicentin se convirtió en una cuestión de estado. Tanto es así que los tres poderes soberanos se enfrascaron en la temática. El Ejecutivo, como actor principal y propulsor de una expropiación para "rescatar" a una compañía al borde de la quiebra, según las propias palabras del presidente Alberto Fernández. El Judicial, con una causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini investiga supuestas irregularidades en un préstamo de $18.500 millones que el Banco Nación, bajo la gestión de Javier González Fraga, le otorgó a los directivos de la cerealera.

Y el Legislativo, que aprobó -en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado- la creación de una comisión bicameral para pesquisar el accionar del Banco Nación, el Banco Central y los ejecutivos de la entidad agropecuaria al momento de trabar un crédito "perjudicial y lesivo" a los intereses del BNRA, los productores y proveedores de Vicentin.

El proyecto fue presentado, a fines de abril, por el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, y fue rechazado de plano por el bloque de Juntos por el Cambio, que el viernes se levantó del debate por videoconferencia. El oficialismo, con apoyo de bloques aliados, logró emitir dictamen y avanzará con la iniciativa en la próxima sesión en el recinto.

La propuesta de Parrilli emergió como correlato de la misma denuncia penal que el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, radicó en la Justicia contra las autoridades que lo precedieron. El senador neuquino señaló que uno de los objetivos de la bicameral será desentrañar el vínculo entre Vicentin y sus filiales en Paraguay y Uruguay, mediante las que podría haber cometido operaciones de lavado de dinero.

La oposición justificó su repudio a la creación de la bicameral a través de un documento en el que cuestionó una supuesta intromisión del Poder Legislativo sobre el Judicial: "Es de público conocimiento que se halla abierta una causa en la justicia con el mismo objeto. No se entiende por qué se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de insrucción cuya investigación obstruiría el accionar del juez competente, lesionando el principio de división de poderes".

En diálogo con El Canciller, Parrilli remarcó que las investigaciones penales estarán a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y la bicameral explorará "el manejo del Banco Nación y la empresa Vicentin desde el punto de vista político y económico". También, los controles que hizo al respecto el BCRA bajo la administración de Guido Sandleris.

Chicanas y respuestas del oficialismo

Ante la consulta de este medio, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado argumentó la posición del bloque y criticó al impulsor de la iniciativa. "Está todo en manos de la justicia, incluso el Banco Nación tiene una auditoría que verifica el comportamiento de empresas concursadas. Si quieren, pueden presentarse en la justicia, la investigación está abierta. Los fundamentos del proyecto son de posturas ideológicas muy fuertes. Se están robando atribuciones penales. La decisión de Parrilli persigue un objetivo político, no busca saber la verdad", lanzó.

El secuaz de Cristina Kirchner recogió el guante y retrucó: "El único recurso que tienen es descalificar. A palabras necias, oídos sordos. No puedo responder imbecilidades. Ahora son el bloque Levantemos, cambiaron el nombre y se van siempre (NdR: en alusión a las recientes desconexiones de Juntos por el Cambio en distintas sesiones virtuales)".

"Hay una larga historia de hechos en los que el Congreso formuló sus propias comisiones para investigar. No veo contradicciones con la causa judicial. La contradicción es de ellos: no participar en una comisión porque se trata, supuestamente, de un acto político. En un ámbito político, no podés decir que no acompañás una decisión por ser política. Todo es ideológico: cómo vivís y hablás también", sopesó, por su parte, el senador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo.

"La respuesta al reclamo de Juntos por el Cambio está en por qué la justicia sigue investigando, al igual que el Senado, que pasó con el submarino ARA San Juan. El primer acto de la comisión bicameral que investiga el naufragio fue ir a hablar con la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, para trabajar en forma conjunta. La idea es que esta nueva bicameral tenga esa modalidad, como vaso comunicante con la justicia en la investigación. Somos un poder independiente y podemos indagar", remató el chubutense.

El avance en la Justicia

En los últimos días, el amperímetro de la causa penal que tramita Julián Ercolini se movió con fuerza. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en la investigación y, tras aportar datos, solicitó que se evalúe la inhibición de bienes de Javier González Fraga, Mauricio Macri, Guido Sandleris y los ejecutivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

Según consignó La Nación, desde el organismo persiguen la hipótesis de que la empresa cerealera habría incurrido en una "fraudulenta cesación de pagos" en el país, mientras ejecutaba "complejas maniobras de lavado de activos" a través de giros de dinero al exterior. Además, la UIF recordó por escrito que la entidad agropecuaria fue principal aportante en las campañas electorales de Juntos por el Cambio (2017 y 2019).

Ercolini, encargado del expediente, fue apuntado por Cristina como uno de los garantes del lawfare y Alberto Fernández lo incluyó, en medio de un reportaje, entre los magistrados que "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno".

Consultados por el rol de Ercolini en la causa, Luenzo enfatizó que tiene "una muy buena oportunidad para reivindicarse como juez independiente", en tanto que Parrilli prefirió no brindar una opinión e indicó que "quiere ver lo que hace dentro de la cancha".

Por último, el exdirector de la AFI aseguró que el Senado votará en el recinto, la próxima semana, el proyecto para crear la comisión bicameral. Su aprobación es casi segura -como ocurrió con la nueva Ley de Alquileres-, gracias a la mayoría oficialista en la Cámara alta. "Estimo que en julio se aprobará en Diputados y a fines de agosto estará operativa", cerró.