Cuatro años después, las razones por las que fue incendiado el depósito que tenía en Barracas la empresa Iron Mountain se desconocen. Ni siquiera está del todo claro (aunque hay dos informes y un pedido fiscal sobre las responsabilidades) que el incendio que causó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas fuera intencional.

Alrededor de las ocho de la mañana se disparo la alarma de incendio en el depósito 7 de la calle Azara 1245. Se propagó rápido y cerca de las nueve, una de las paredes se desplomó. Allí murieron Leonardo Day; Anahí Garnica; Eduardo Adrián Conesa; Damián Véliz, Maximiliano Martínez; Juan Matías Monticelli; José Luis Méndez Araujo; Sebastián Campos y Pedro Báricola murieron en el lugar. Facundo Ambrosi falleció 12 días después.

En esos depósitos, había documentación de HSBC Bank Argentina S.A;  DirecTV Argentina, Swiss Medical S.A; Patagonia y JP Morgan, entre muchísimas empresas que guardaban cajas con información reservada. Para esos momentos, Patagonia estaba siendo investigada en una importante causa por lavado de activos. HSBC perdió, por ejemplo, 26 mil cajas: algunas con rótulos como "Mant Cts. Lavado dinero”.

La causa judicial

La causa judicial ha tenido modestos avances. Un año después de la tragedia, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (sí, el mismo INTI que ahora atraviesa un proceso de ajuste y despidos) presentaron sus informes donde sostuvieron que el incendio podría ser intencional.

"Se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar”, describe la División Siniestros.

Sin embargo, a mediados de 2016, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) entregó su propio informe, donde contradecía la hipótesis de los otros. Pasaron seis meses y en febrero del año pasado, la fiscal Romina Monteleone decidió pedir la indagatoria de 32 personas, entre directivos de Iron y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"En la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, evidenció la fiscal al momento de pedir que declaren los imputados.

Entre esas 32 personas sobresalían los nombres de varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP). La imputación es por no corroborar que el depósito tuviera las condiciones mínimas. Nada se dijo (ni tampoco lo hizo el juez Pablo Ormaechea) del por entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, a quién se lo señalaba desde la política en parte responsable de las irregularidades en la habilitación de Iron Mountain.

Las indagatorias se ordenaron para mayo de 2017 pero la última novedad judicial importante sucedió en julio de ese año. La Cámara Nacional lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (una melliza de la Cámara Federal de Comodoro Py que se encarga de los expedientes "ordinarios”) dio vuelta una resolución de Ormaechea. El magistrado había sobreseído por prescripción a un inspector, un comisario de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y al apoderado de la firma. 

Hoy, en un nuevo acto, los familiares de las víctimas reclamaron por justicia. "La causa va muy lenta, pero se va a mover algo porque es el aniversario”, dijo la hermana de una de las víctimas. Por ahora, el expediente no tiene tiene procesados (mucho menos presos) y la investigación continúa.