La Corte Suprema de Justicia quedó esta semana en el centro de la escena política. Mientras se prepara para decidir sobre el recurso per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para evitar la revisión de sus traslados a la Cámara Federal, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentará ante el máximo tribunal una medida cautelar para impedir el recorte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

La agudización de la polarización y la grieta devuelven, por lo tanto, el protagonismo al máximo Tribunal que deberá resolver en dos aspectos sensibles de la coyuntura. A su vez, entre los cincos miembros se juega otra disputa que se entrecruza con la política y se arrastra desde el ingreso de Rosatti y Rosenkratz. 

La palabra de Rosenkratz y un final abierto

"Los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento. Los ministros hemos estado intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura", explicó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en las últimas horas.

"Esto en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir, y el país tiene que estar seguro de que el Tribunal dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho", completó.

Más allá de las declaraciones del titular de la Corte, todavía queda un largo camino para conocer como será las resolución de las causas. Una mayoría entre Maqueda, Rosatti y Lorenzetti había logrado contrariar las indicaciones de Rosenkratz durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, el expresidente del Tribunal se fotografió en su momento con Bonadío y Sergio Moro y respaldó las causas contra la vicepresidenta.

La disputa por los traslados

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti, objetó el miércoles pasado, en una audiencia pública, los traslados "irregulares" -por no haber pasado por la Cámara alta- de los tres magistrados durante la gestión de Mauricio Macri. Fue luego de que en julio la revisión se aprobara por mayoría en el Consejo de la Magistratura, con el aval de los miembros del oficialismo y Graciela Camaño (Consenso Federal).

Bruglia, Bertuzzi y Castelli no asistieron a la audiencia a la que habían sido llamados, sino que rechazaron el procedimiento en el Senado a través del envío de una nota y notificaron que recurrirían al máximo tribunal para que se pronuncie sobre el conflicto. El bloque de Juntos por el Cambio tampoco participaron, al considerar la decisión del oficialismo como "viciada de nulidad".

"Ayer (jueves) se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios", expresó Cristina Kirchner en sus redes sociales, sumando pólvora a la batalla legal.

La coparticipación, en el eje de la polémica

Luego de que Alberto Fernández anunciara el recorte de fondos a la Ciudad para financiar el aumento salarial a la Policía bonaerense, el jefe de Gobierno porteño replicó que recurrirá al máximo tribunal por considerar "inconstitucional" la decisión del primer mandatario. Así también se manifestó, al unísono, toda la plana de Juntos por el Cambio, sin distinción entre duros y moderados.

Larreta presentará en los próximos días una medida cautelar para que la Corte disponga la suspensión "inmediata" del DNU publicado por el gobierno nacional. El alcalde porteño instó al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, "a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 735/20".

El decreto lleva las firmas de Rodríguez Larreta, el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. En una conferencia de prensa que realizó este jueves en la sede capitalina de Parque de los Patricios, el jefe de Gobierno calificó a la medida Fernández de "inconstitucional, improvisada, intempestiva e inconsulta".

La última respuesta del oficialismo sobre el reclamo porteño la expresó este viernes el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, acaso quien más diálogo posee con Larreta en el gobierno nacional.

"Tuvimos diálogo con el jefe de gobierno y sus equipos. Desde principios de año hablamos sobre el monto a devolver, era una decisión tomada. Siempre supieron que recibieron más y que esos fondos no les corresponden", sentenció en un mensaje grabado desde la Casa Rosada, en referencia al aumento de la coparticipación para la Ciudad que había dispuesto Macri durante su gobierno, justificado en el traspado de la Policía Federal a la órbita porteña.

"El Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional sus fondos", añadió.

El máximo tribunal, entonces, deberá pronunciarse en el corto plazo sobre dos causas sensibles que atañen a los sectores más poderosos del Ejecutivo. Luego de una larga feria judicial por la pandemia del nuevo coronavirus, está de vuelta en el centro de la escena.