En medio de masivas protestas callejeras en contra de la reforma de la ley de minería, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decidió dar marcha atrás con la modificación que habilitaba la utilización de distintas sustancias químicas para favorecer la explotación minera en la provincia. De cara al corto plazo, llamó a una mesa de diálogo en la que pidió procurar el consenso social por sobre todas las demás prioridades.

“Garantizar la paz social es el primer deber de un gobernador. Dijimos en campaña que Mendoza tiene un modelo económico que viene cayendo, con un 40% de los mendocinos debajo de la pobreza. Nuestro objetivo es generar empleo. Una de las herramientas es el desarrollo minero, pero con la premisa de hacerlo en los lugares con consenso social. Con esta convocatoria al diálogo queremos realizar un debate genuino”, manifestó Suárez en conferencia de prensa.

La reforma de la Ley 7.722 fue aprobada hace sólo cinco días con amplio apoyo legislativo. La medida liberaba las restricciones al uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras. Según denunció Greenpeace, la modificación de la normativa “permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia”. Esta tarde, el mandatario provincial aseguró que lo que más quiere “es cuidar el agua”.

Desde el domingo, miles de mendocinos salieron a las calles a repudiar la reglamentación de la nueva Ley 9.209. El rechazo de ambientalistas, productores rurales y amplios sectores que defienden los recursos naturales fue inminente, mediante la consigna “El agua no se toca”.

Los disturbios más fuertes se originaron el lunes frente a la sede de la Gobernación, cuando Suárez confirmó que no vetaría la Ley. Fuentes oficiales confirmaron que hubo 45 personas detenidas y 19 policías heridos, en tanto estimaron que representó una de las movilizaciones más grandes en la historia de la provincia. Los cortes de rutas también estuvieron a la orden del día, mientras que el viernes cuatro personas habían sido detenidas por amenazas al celular del gobernador.

En conferencia de prensa, el gobernador defendió la medida al enfatizar que “bastan dos minutos de explicación de que esto (NdR: la contaminación) no es así, para que cambie la opinión”. “Vamos a convocar a todos: al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Y yo voy a estar presente personalmente en el debate”, sostuvo.

“Es muy fácil inculcar el miedo en la sociedad, asustando a través de las redes sociales. Le pido a la dirigencia mendocina y a los que se ocultan en las redes que hablen con la verdad. En ningún momento pensamos poner en riesgo el agua de Mendoza; el sentido es todo lo contrario ya que estamos pensando en optimizar el uso de la misma a 15, 20 o 30 años, cuando tengamos todo el riego tecnificado porque con el desarrollo minero tendremos los fondos para hacerlo”, se descargó Suárez.