Germán Garavano atraviesa uno de los momentos más complejos desde que asumió como ministro de Justicia. Pese al firme respaldo que recibió del presidente Mauricio Macri y de varios funcionarios y referentes del PRO, el ministro debe lidiar con las crecientes tensiones en el Poder Judicial y con las constantes denuncias de Elisa Carrió, que se harán carne mañana con el pedido formal de juicio político en su contra, firmado por toda la Coalición Cívica.

El sábado a la noche, en el programa de Mirtha Legrand, Carrió ratificó que avanzará con el recurso contra Garavano, a pesar de las gestiones que algunos dirigentes, como Mario Negri, hicieron para evitarlo. Es que la diputada ya tenía al ministro en la mira desde que decidió no acusar a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. 

Esa situación terminó con la salida de otro radical, Mario Cimadevilla, de la Unidad Fiscal que tenía a cargo la investigación del atentado, y también de la abogada Mariana Stilman, del equipo de Carrió. Cimadevilla, alguna vez compañero de Lilita en la Cámara de Diputados, se fue con durísimas acusaciones contra el titular de la cartera de Justicia y la líder de la CC amenazó con el juicio político, pero luego reculó. 

Ahora no hay vuelta atrás: Carrió consideró que las declaraciones del ministro en contra del abuso de las prisiones preventivas son un intento de que algunas causas por corrupción queden impunes, entre ellas las que involucran a Cristina Fernández de Kirchner. Carrió tomó nota de los rumores de que hay un sector del Gobierno que la prefiere compitiendo en 2019 y se puso firme. Se lo dijo a Mirtha sin rodeos: "A mí nadie me votó para que yo encubra, yo no soy correcta. No vine a la vida para tapar, nunca voy a ser cómplice".

Pero el juicio político no es el único frente de batalla que tiene abierto Garavano. En Comodoro Py se desató una suerte de "rebelión" contra el Gobierno, con el que hasta hace poco había mostrado buena sintonía. La piedra más llamativa, aunque no por eso la primera ni la más fuerte, la tiró el fiscal Guillermo Marijuan al denunciar penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por el aumento de gas en concepto de "compensación" a las empresas. El Gobierno, finalmente, desistió de aplicar la medida, aunque la denuncia todavía no fue desestimada.

Para colmo, en los Tribunales de Talcahuano se declaró una inesperada guerra. A pocos días de abandonar la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti acusó a su sucesor y favorito del Ejecutivo, Carlos Rosenkrantz, de querer privatizar el Centro de Información Judicial, que él había creado, y de generar un clima de "tensión y de amenazas telefónicas". Además, lo acusó de manejarse con "mediocridad" y de haber hecho un "escándalo" en el máximo tribunal. Días después, el conflicto quedó zanjado en una acordada, pero la relación entre ambos quedó dañada.