En busca de los 129 votos que necesita para aprobar la “ley ómnibus” en Diputados, el oficialismo, que cuenta apenas con 38 bancas, empieza a tender puentes con la oposición “dialoguista”, que espera que se modifiquen ciertos puntos del proyecto para apoyarlo en el Congreso.

Tanto la UCR, como Hacemos Coalición Federal y buena parte del PRO coinciden en debatir a partir de una estrategia “semáforo”, que consiste en dar luz verde a una parte de las medidas, mientras se negocian otras que generan dudas y se desechan las rojas, es decir, aquellas que no son de ninguna manera admisibles. 

El radicalismo, que cuenta con 34 miembros en la Cámara baja, veta principalmente cinco puntos de la iniciativa. Se trata de la delegación de facultades por dos años (prorrogables hasta el fin del mandato presidencial), la reforma electoral basada en la uninominalidad de circunscripción, la suba de retenciones a la soja y a otros productos de economías regionales, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, y el pack de privatizaciones, aunque en este caso podría acompañar a algunas individualmente.

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En principio, el rechazo a esas normativas es compartido con el resto de las fuerzas intermedias, que tienen la llave para definir la suerte del proyecto. Sin embargo, la lista es más larga e incluye, por ejemplo, la derogación de un artículo de la “ley Guzmán” que exigía autorización del Congreso para endeudarse en moneda extranjera. También hay objeciones con el arancelamiento de estudios de educación superior para extranjeros no residentes o el “homeschooling”, que este miércoles minimizó el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El PRO, que tiene 37 bancas, es el bloque que se encuentra más comprometido, flotando entre la postura de acompañar a libro cerrado el paquete de reformas de La Libertad Avanza, como propone el sector bullrichista, o plantarse en las convicciones y rechazar todo lo que no convenza, que es la visión que empuja Silvia Lospennato, entre otros legisladores. En este último sector también se encuadra María Eugenia Vidal, quien rechazó la privatización de YPF.

El presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo, intenta hacer equilibrio hasta que se salden las diferencias. La balanza hoy parece más inclinada a la táctica “semáforo”.

Por último, Hacemos Coalición Federal, el variopinto bloque que preside Miguel Pichetto, cuenta con 23 representantes y también discute su estrategia internamente.

Mientras tanto, se va aproximando peligrosamente el límite del 25 de enero, día en que teóricamente el oficialismo debería conseguir la media sanción de la ley en el recinto. De no ocurrir, el Gobierno debería ceder y llamar a extender el período de sesiones extraordinarias durante febrero.

Ajeno a las negociaciones y al barullo que transcurre en el Congreso, Javier Milei se mostró “optimista” para que tanto el megadecreto 70/2023 como el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se aprueben completos.

“Nosotros estamos optimistas. Creemos que están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado. Creemos que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo”, afirmó el mandatario nacional en diálogo con radio La Red.