La decisión del Gobierno de retirar el “capítulo fiscal” de la Ley Ómnibus abrió una nueva etapa en las discusiones entre el oficialismo y los bloques considerados “dialoguistas” de la Cámara de Diputados para lograr la media sanción de la iniciativa, cuyo dictamen de mayoría contempla, entre otros puntos, una declaración de emergencia, la privatización de unas 40 empresas públicas y una amplia reforma del Estado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes en la Casa Rosada que, con el objetivo de acelerar la aprobación parlamentaria de la meganormativa, se quitarán del proyecto los artículos sobre blanqueo de capitales, moratoria, bienes personales, impuesto a las Ganancias, retenciones y movilidad jubilatoria. 

Estos ítems eran los que habían generado los mayores disensos entre el bloque oficialista de la Cámara baja y los legisladores que se han mostrado dispuestos a acompañar la iniciativa, formalmente denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", para dar gobernabilidad a la gestión de La Libertad Avanza.

TE PODRÍA INTERESAR: Las 8 repercusiones tras el anuncio de Caputo sobre la "Ley de Bases"

La parte fiscal era "menor y demoraba el tratamiento", reafirmó este sábado el ministro del Interior, Guillermo Francos, en declaraciones a radio Continental. “Resultaba fundamental sacar esto rápidamente”, completó uno de los principales negociadores de Javier Milei.

"Entendemos que en el articulado fiscal de la ley había desacuerdos. La suba de impuestos hasta para nosotros mismos no era lo deseado. Preferimos entonces sentarnos a discutirla con los gobernadores y legisladores, y mientras tanto aprobemos la ley para dar señales que la inversión es segura en la Argentina", explicó el funcionario.

Las bancadas dialoguistas habían centrado sus críticas, esencialmente, en el sistema de actualización de las jubilaciones y en el aumento de las retenciones agropecuarias del maíz, carne, trigo, y soja y sus derivados, un régimen que era cuestionado por los gobernadores de Juntos por el Cambio.

De este modo, las conversaciones que deberá entablar ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los bloques del Pro, Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal será sobre otros puntos que también han generado controversias, como la cantidad de materias que tiene la emergencia pública, los regímenes de pesca e hidrocarburos y la paritaria docente, entre otros.

El primero de los temas, en el que el Ejecutivo propone que se declare hasta diciembre de 2025 la emergencia pública en nueve materias (económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud), lo que le daría “superpoderes” al Presidente, se sitúa ahora como foco de las principales diferencias.

Tras interpretar el anuncio de Caputo como “una derrota” del Gobierno y “un triunfo de la oposición frontal”, el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró “una trampa” que se mantenga en la discusión parlamentaria la delegación de facultades legislativas.

"El Presidente solo quiere superpoderes. Es el corazón de la ley", sostuvo el legislador santafesino, en línea con la izquierda, cuya diputada Myriam Bregman apeló a la ironía para definir la decisión sorpresiva del oficialismo. ''Quedan las facultades delegadas. Mono con navaja'', enfatizó.

"Hay que dar la pelea para que se caiga el conjunto de la Ley Ómnibus, el megadecreto desregulatorio de la economía y el ‘Plan motosierra’ contra el pueblo trabajador", completó su compañero de bancada Nicolás del Caño.

En este sentido, Francos comentó que las facultades delegadas son un prerrogativa que "han tenido todos" los jefes de Estado para poder "actuar con celeridad en cuestiones económicas". 

"No digo que nos deleguen todas las facultades legislativas, pero algunas que hacen a las urgencias y a dar señales para permitir poner en funcionamiento la economía del país es lo más razonable", enfatizó.

La oposición más blanda, secundada por los gobernadores, celebró la decisión del Gobierno de retirar del debate los artículos que habían generado mayores rispideces y se manifestó dispuesta a acompañar los cambios estructurales que propone La Libertad Avanza, cuyo objetivo es que Diputados dé media sanción al proyecto la semana próxima y que el Senado la apruebe “rápidamente”, en palabras del titular de Interior.

“La medida anunciada garantiza que no existan razones para demorar la aprobación de la ley", subrayó en la noche del viernes un comunicado publicado en la cuenta de la Oficina del Presidente.

Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría firmado el miércoles a la madrugada incluye la privatización de unas 40 empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y una reforma del Estado, en la que se contemplan cambios en la estructura de la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados estatales.

El despacho mantiene su iniciativa para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y determinar que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas en un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres, como proponía la iniciativa original.