El oficialismo convocó a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para esta tarde a las 18, con el objetivo de debatir nuevamente el proyecto de Ley Ómnibus, denominada por el Gobierno como “Bases y principios para la Libertad de los Argentinos”.

Tras las correcciones introducidas al texto original, La Libertad Avanza buscará firmar un dictamen de mayoría, aunque hasta el momento no cuenta con los apoyos necesarios de parte de la “oposición dialoguista” para poder llevarlo a cabo. 

Más allá de lograrlo en el plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo luego deberá seguir negociando para su tratamiento en el recinto, que podría iniciarse el jueves en una sesión maratónica.

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El bloque libertario cuenta con 37 legisladores y el respaldo de algunos extrapartidarios, por lo que puede llegar a 45. En consecuencia, necesitan el aval de otros 90 para llegar al quórum de 129 votos y habilitar el debate. 

En esa puja, La Libertad Avanza busca el apoyo de 37 diputados del PRO, 34 de la UCR, 23 de Hacemos Coalición Federal y 9 de Innovación Federal, para poder hacer frente a los 102 miembros de Unión por la Patria y los 5 del Frente de Izquierda. 

La movilidad jubilatoria, las privatizaciones de empresas públicas, las retenciones a las exportaciones y el blanqueo de capitales fueron algunos de los temas en los que la oposición se enfocó a la hora de pedir cambios al texto original.

En primer término, con el ajuste que se hizo respecto de las jubilaciones, recibirían en marzo un ajuste trimestral “en base al índice de movilidad dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”, mientras que a partir de abril se actualizarían de forma automática “conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes” y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En cuanto a las privatizaciones de empresas públicas, YPF quedó fuera del listado, mientras que “para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa”. Además, el proyecto especificó que “se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos”.

Con respecto a las retenciones a las economías regionales, se determinó una alícuota del  0% “para todas las mercaderías correspondientes a los complejos exportadores que se consignan en el Anexo V”, a saber: Agroindustria; Infraestructura; Forestal; Minería; Gas y Petróleo; Energía y Tecnología. Asimismo, se eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación: sólo podrá reducirlos.

Por último, sobre el blanqueo de capitales, el nuevo texto propone que “los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros”.