La Corte Suprema, el posible destino final del conflicto por los aumentos en las tarifas
El tema se instaló sin demasiada dificultad: los aumentos en los servicios públicos son los que motorizan la escalada de la inflación y afectan el bolsillo de todos.
En ese marco, la ONG Cepis presentó un amparo contra el aumento del gas debido a que la empresa Enargas "lo adelantó”: pasó de mayo a abril mediante una resolución.
El juez Alfredo Ziulu consideró que el planteo de la ONG podía tener sentido y es por eso que (sin hablar en ningún momento sobre "el fondo” de la cuestión) ordenó que el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren y el Enargas presenten en tres días hábiles el nuevo cuadro tarifario y por qué se decidió así.
Este conflicto recuerda a lo sucedido en 2016 cuando un fallo de la Corte Suprema se metió de lleno en el conflicto y ordenó que, antes de cualquier incremento, debe haber una audiencia pública.
Una vez que el Ministerio informe lo que se le pidió, el juez podría dictar una cautelar como pidio Cepis. De todas formas, cualquier decisión que tome será analizada por una Cámara y podría incluso llegar a la Corte nuevamente.
Déjà Vu al 2016
Hace poco menos de dos años, el máximo tribunal judicial se encontraba en la misma disyuntiva. Con la incorporación reciente de Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema obligó al Gobierno a retrotraer los incrementos a los usuarios residenciales y ordenó realizar una audiencia pública. De agosto 2016 a mayo 2018, la historia podría repetirse.
