Este miércoles, el Gobierno oficializó los incrementos para las jubilaciones y las asignaciones familiares a través del decreto 163/2020 publicado en el Boletín Oficial. Alberto Fernández anunció el viernes pasado esos cambios junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.

La suba para las jubilaciones será de 2,3% más una suma fija de $1.500. Mientras que las asignaciones familiares tendrán un aumento del 13%.

Al comienzo del decreto se sostiene que uno de los objetivos principales del Estado nacional es "la protección de los ciudadanos y las ciudadanas, a fin de garantizar las prestaciones de la Seguridad Social y priorizar la atención de las familias que presentan mayor vulnerabilidad".

El texto recuerda que la ley 27.541 declaró la emergencia pública "en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social" y mediante ella se suspendió por 180 días la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241. Esto habilita al Poder Ejecutivo nacional a determinar "trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondientes al régimen general".

Además, hace hincapié en los principios "de solidaridad, redistribución y sustentabilidad" del sistema previsional y remarca -nuevamente- que se le dará "prioridad a los beneficiarios y beneficiarias de más bajos ingresos".

Tribunales en alerta

Frente a los cambios en el cobro de las jubilaciones, Silvina Arcano -abogada previsionalista- sostiene que este decreto "va a generar nuevos juicios porque hay una quita en la variación de la movilidad que genera un perjuicio confiscatorio". Por tal motivo, van a haber "nuevos reclamos contra la ANSeS".

La duda es si la nueva medida del Gobierno va a repercutir en los tribunales. Arcano dijo a El Canciller que "para saber cuando se iniciarán los juicios se necesita una resolución de la Secretaría de Seguridad Social para terminar de evaluar la real quita". 

Foto: NA/HUGO VILLALOBOS.
Foto: NA/HUGO VILLALOBOS.

También el Gobierno tiene en la mira a las jubilaciones de privilegio, correspondientes a jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales. Desde enero se venía hablando que la reforma de dicho régimen jubilatorio iba a tratarse en sesiones extraordinarias.

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La próxima semana es la fecha clave para el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que se intentará que le den tratamiento en la Cámara de Diputados. La propuesta se debatiría en comisión, el miércoles, mientras que en sesión, el jueves.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) mantiene silencio. Se esperaba que ayer, durante sus acuerdos de los martes, se expida al respecto. Pero el Centro de Información Judicial (CIJ) y la página oficial del máximo tribunal del país no publicaron ningún comunicado.

Edad jubilatoria

Ante las especulaciones respecto a una posible extensión de la edad jubilatoria, este miércoles, el Director Ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, aclaró  que desde el organismo "no está previsto modificarla". 

Lo mismo hizo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien en diálogo con Radio Mitre aseguró que "no hay actualmente ningún proyecto" para discutirla, pese a que un principio fue el propio titular de la cartera de Trabajo quien abrió el debate al decir que las actuales edades para jubilarse (60 años las mujeres y 65 los hombres) "vienen de hace muchos años atrás y las expectativas de vida van creciendo".