El Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto que reemplazará a la derogada Ley de Economía del Conocimiento (EdC). Así lo confirmó Alberto Fernández, en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso. El sector de las Fintech ven con reserva y opiniones encontradas estas reformas y en algunos casos lo consideran un retroceso.

Entre las novedades se quitará la estabilidad fiscal y el pago a cuenta de los impuestos retenidos en el exterior a exportadores. Aunque mantendrán la reducción en Ganancias en un 60% y las contribuciones patronales al 70%. “La modificación a la ley empeora las condiciones, el sector pierde beneficios”, sostienen fuentes del sector.

Otra de las modificaciones será un tope de hasta 3.745 empleados para poder acceder al nuevo régimen. De todas maneras, si al momento de la inscripción tienen 5.000 contratados podrán ingresar, pero si supera su nómina inicial, quedan afuera.

Esto no presentaría un inconveniente, ya que es un límite alto y muy pocas firmas se verían afectadas. Aunque en este aspecto se vuelva a la estructura de la ley de Software, solo se aplicaría sobre el personal promovido.

 El guiño de promoción por parte del Gobierno viene hacia a las Pymes, ya que se creará un fondo en el que aportarán las grandes empresas para la promoción de la EdC con el objetivo exclusivo de financiarlas.

La ley también tendrá “una orientación inclusiva y federal”. Esto significa que recompensará con 10 puntos adicionales en las contribuciones patronales (80%) si incorporan mujeres, personas con discapacidad, beneficiarios de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo. Además eliminarán la obligación de adherir en el territorio mediante la sanción de una ley. En la anterior, se habían incluido solo seis provincias.

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La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) comentó que las modificaciones recientes no interferirían con el crecimiento de los diversos sectores. No obstante, prefieren “ser cautos antes de informar un veredicto final, a través de un análisis exhaustivo con los especialistas”.

En este sentido hacen hincapié en que comprenden que el ingreso al régimen sea más exigente en base al tamaño de la empresa para poder equilibrar el gasto fiscal del Estado. Y sostienen que no implicaría un retroceso en la promoción y acompañamiento del desarrollo de las compañías.

Sin embargo, hay otras voces menos optimistas. Desde otro de los sectores que se incluyen dentro la EdC, explican que la creación de un Consejo Consultivo sería un problema. Antes no existía, y este organismo deberá aprobar a cada compañía si ingresa o no al régimen. “Le crea un nivel de discrecionalidad a algo que antes no lo tenía”, indican.

Después, se encuentra la posible pérdida de los servicios profesionales de exportables porque no entrarían dentro de la ley. En Argentina hasta el 60% de la exportación, en el rubro, es de servicios profesionales.

La intención de promoción deriva en la idea de crear una ley para generar un negocio creciente junto con las posibilidades de aumentar las exportaciones y generar más empleo. En este sentido consideran que “se ha dado un paso atrás”.

En cambio, desde CESSI consideran que en su totalidad la reforma fomentaría la generación profesional, laboral, la consolidación y apertura de nuevos mercados e inclusive posibilidades de exportación de todas las empresas del sector.

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Aún así, la Argentina es uno de los países que menos crece en materia de exportación tecnológica de la región por los entornos tributarios y legislativos. Se le suma la inestabilidad económica, normativa y fiscal.

“Ahora la jugada es política. Una vez que esté definido el contexto gubernamental la decisión las tendrán las empresas, qué negocio traer al país o cuánto empleo crearán en Argentina”, razonan desde una parte del sector.