El Gobierno informó este lunes que, en el marco de una auditoría que lleva adelante en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), detectó una serie de irregularidades tales como "gastos políticos" y "venta de recetas truchas". En sintonía, el Director Ejecutivo de la entidad, Esteban Leguízamo, señaló que la obra social "está en una situación crítica".

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada detalló que "desde el 10 de diciembre se recortaron $90.000 millones en gastos innecesarios" o "provenientes de la ineficiencia".

Tras referirse al "desastre que se ha hecho en muchas áreas del Estado", denunció que "es un organismo mal administrado gestión tras gestión" y recordó que en diciembre "se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones".

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"Esto es muy importante porque el cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba generando a través de los meses", recordó Adorni. 

En este sentido, el funcionario puntualizó que tanto en marzo como en mayo de 2023 se "registró un déficit de $6.000 millones", mientras que en septiembre fue de $51.000 millones. "Por supuesto que desde que se inició la campaña electoral el año pasado esta tendencia se fue profundizando", remarcó.

Al respecto, detalló que "se encontró de todo, pero entre ellos gastos en publicidad de dimensiones astronómicas, equivalentes por ejemplo a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes".

"Fue tan grande el despilfarro que en noviembre el déficit llegó a los $92.000 millones. En este marco de la auditoría se denunció venta de recetas truchas, por supuesto aprovechándose muchos de la falta de rigurosidad que tenía este sistema y siempre detrás por supuesto hay un afiliado que se quedó sin un medicamento que necesitaba", aseveró.

Asimismo, insistió en que "fue tan obscena la conducción" anterior y la "desidia" que encontraron, que la obra social "había sufrido un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de cualquier delincuente". Por tales motivos, aseguró que con la auditoría "y habiendo hecho los recortes necesarios se evitó la catástrofe".

A su turno, la entidad advirtió, mediante un comunicado firmado por su titular, que se encuentra "en un estado de alta vulnerabilidad financiera" y aseguró que, "de no haberse tomado las medidas inmediatas que puso en marcha la nueva gestión, el PAMI habría entrado en una debacle".

Según Leguízamo, "es un paciente que está en una situación crítica", pero afirmó que trabajan para "garantizar las prestaciones" de los afiliados. Al respecto, indicó que el "balance presupuestario negativo" se fue saldando, pero alertó que "las nuevas autoridades han decidido no continuar gastando los ahorros en detrimento de la salud financiera del Instituto".

Desde el organismo aseguraron que la nueva administración "recibió una situación de extrema fragilidad económica como consecuencia de la falta de control y el gasto discrecional e indiscriminado de los aportes de los jubilados argentinos". Pese a este escenario, su director reiteró que su gestión "pone la eficiencia al servicio de la salud, cuidando sus recursos y brindando a todos sus afiliados la atención de calidad que se merecen".