El consenso entre el oficialismo y –una parte de– la oposición trajo también disenso en Juntos por el Cambio. ¿Cuándo? Este jueves en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? A partir de la votación fragmentada de la prórroga del Régimen e Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. Más allá del ruido, el proyecto obtuvo la media sanción.

• ¿De qué se trata? La iniciativa –impulsada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo– extiende por 180 días más el blanqueo que otorga beneficios  impositivos para quienes declaren sus capitales no registrados y los destinen a la construcción privada.

• Votos. El documento fue aprobado con 172 voluntades afirmativas, 20 en contra y 45 abstenciones.

• Fractura expuesta. Pasó algo inusual: Juntos por el Cambio (JxC) votó dividido. El PRO, impulsor de la medida, acompañó al oficialismo, pero la Unión Cívica Radical (UCR) y Evolución optaron por la abstención. “Va a fracasar. Pero están gobernando a ustedes, los han votado a ustedes. No queremos ser un obstáculo. Si ustedes creen que esto va a dinamizar la economía, van a contar con nuestra abstención”, aseguró el diputado Rodrígo De Loredo en su discurso. Acto seguido, Massa y Ritondo le recordaron que la propuesta era de ellos, y no del Ejecutivo. La Coalición Cívica-ARI y Ricardo López Murphy, por su parte, fueron aún más allá y optaron por el rechazo junto a los liberales, la Izquierda y los monobloques de Ahora Patria y CREO.

• Argumentos a favor. “Viendo todos los parámetros de la actividad, los números que van creciendo, la cantidad de decenas de miles de puestos de trabajo registrados que se crearon de manera directa e indirecta, el profundo impacto federal que tiene el sector construcción, es interesante que la ley retome su vigencia. Va a generar bienes de capital, infraestructura, urbanización y, principalmente, empleo”, fundamentó el frentetodista salteño Lucas Godoy.

• Objeciones. De Loredo recordó que, cuando se aprobó por primera vez la ley, “el blanqueo era por 60 días y se tomaron 51 días para reglamentarlo, dejaron solo 9 para que los supuestos inversores pudieran ser beneficiarios de la misma; y después, en los plazos subsiguientes, los bancos no sabían cómo hacer el trámite de certificado respectivo”. En ese sentido, marcó la “improvisación” del Gobierno.