Después de un 2020 desbordado de denuncias por rotura de silobolsas en el campo, el Congreso se apresta a debatir el proyecto de ley del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para crear la figura delictiva de vandalismo rural en el Código Penal (CP). La moción fue celebrada por el sector agrario, históricamente enemistado con el kirchnerismo. 

“Existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas”, se expresa en los argumentos de la iniciativa diagramada por Massa y acompañada por los diputados oficialistas Ramiro Gutiérrez, Alicia Aparicio, Sergio Casas y Alma Sapag. Su tratamiento podría concretarse entre abril y mayo de este año.

A continuación, las tres claves principales: 

1- Definición e inclusión de vandalismo rural

La propuesta del líder del Frente Renovador establece la incorporación del artículo 184 bis, bajo el cual se configuraría el delito de vandalismo rural. “La pena será de dos a cinco años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño”, explica, y enumera los casos en los que aplicaría: 

  • Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados; 

  • Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados; 

  • Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; 

  • Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio; 

  • Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados; los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento.

2 - Penas de 2 a 25 años para actos vandálicos voluntarios

Este aspecto se aplicaría con la modificación del artículo 186 del CP, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años, el que causare incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago. Si hubiese peligro para la vida, el máximo de la pena será de doce (12) años”. Asimismo, si se produjeran estragos mayores la condena podría elevarse entre cinco y quince años. Mientras que si “como resultado se provocare la muerte de una o más personas”, el máximo podría ser de 25 años. Finalmente, el apartado menciona que si estos sucesos fuesen producidos por imprudencia o negligencia, el “máximo será de 15 años”.

3- Penas de 1 a 10 años por impericia o negligencia

Este apartado se incluiría en los cambios contemplados para el artículo 189. Si alguno de los hechos previstos en el inciso 186 fuera cometido por “imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”, la pena podría ser de 1 a 4 años. Además, dice el texto, “si produjere el estrago, la pena será de dos a seis años”. Y, finalmente, “si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de diez años”. 

El espacio de Massa aseveró que “buena parte de la producción agrícola de nuestro país es almacenada en forma de silos bolsas, lo que permite acopiar y conservar granos en el lugar de la producción hasta el momento de su transporte”. Y en este sentido, entienden que la mencionada modalidad viene siendo amenazada por sendas acciones delictivas. 

Independientemente de cómo concluya esta propuesta en el Congreso, parte del sector agrario del país ya sentó su apoyo y aprobación. Las Confederación Rurales Argentinas (CRA) lanzaron un comunicado y expresaron que “en el 2020 se han reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale a, al menos, 5.700 toneladas de granos dañados e incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros”.