Duras penas por la rotura de silobolsas: reacción del Gobierno ante el malestar del campo

Massa impulsa la legalización de severos castigos por corromper la producción. Frederic también prometió medidas y las críticas del agro amainaron.
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Luego de que el campo reclamara un gesto contundente del Gobierno nacional, este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que crea el delito de vandalismo rural contra la propiedad privada y busca cercenar la persistente rotura de silobolsas en la Pampa Húmeda.

El guiño de la Casa Rosada al sector agropecuario ocurre en medio de una escalada de los ataques y ante la desesperación de los dirigentes rurales. En lo que va del año, los productores sufrieron la rotura de 62 silobolsas (26 en la provincia de Santa Fe, 21 en Córdoba, 8 en la provincia de Buenos Aires y 7 en Entre Ríos), que se tradujo en el daño de 5.700 toneladas de granos. Según denunciaron los directivos de la Mesa de Enlace, la mayoría de los delitos se cometen esquivando controles policiales en las rutas.

Frente al creciente malestar del campo por la inacción del gobierno, Massa -junto al diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez- decidió ir a fondo con una iniciativa destinada a aumentar las penas por la comisión de los ataques. “Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural”, sostuvo. El espíritu del proyecto, según señala el documento, es proteger desde el origen “el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional”.

El Código Penal actual no cataloga como delito sino como “estrago” a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas. Por eso, la idea del oficialismo es promulgar una norma que obligue a cumplir un castigo de hasta 5 años de prisión a quienes realicen las destrucciones de cosechas.

En tanto, también propone penas de hasta 12 años de cárcel por liberación de patógenos, tóxicos, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que genere un peligro para la vida. Si los hechos provocaran la muerte de una persona, la pena se podría elevar hasta los 25 años.

La reacción de Frederic ante las plegarias del campo

En la tarde del miércoles -y previo al conocimiento del proyecto de ley-, Sabina Frederic había repudiado categóricamente el sabotaje de silobolsas en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, en el que participaron representantes de todas las provincias.

“Vamos a reactivar un área específica dentro del Ministerio para esta problemática que requerirá información georreferenciada y judicializada, de modo de dimensionar la cuestión y reiniciar el trabajo en base a matrices de diagnóstico que permitan delinear políticas preventivas serias y consistentes”, especificó la ministra de Seguridad nacional.

Hasta entonces, las críticas del sector rural se multiplicaban ante lo que consideraban una falta de reacción del Gobierno. Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, las autoridades tenían que “aclarar el panorama y llevar tranquilidad rechazando estos atentados”.

Según el pope del agro, era “preocupante” no encontrar mensajes ni reacciones, a excepción de la cúpula del campo. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, había asegurado “estar ocupado” en la resolución del problema, este martes.

Tras la postura pública de Frederic, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, recibió con beneplácito las palabras de la ministra, pero advirtió en diálogo con NA que “si las autoridades no investigan, sería una nueva desilusión”. “No podemos dejar de ver con satisfacción que los delitos rurales comiencen a tratarse en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación“, celebró, por su parte, Elbio Lauricica, del Consejo Directivo de Coninagro.