Familiares se movilizaron y reclamaron por la liberación de los detenidos durante la votación de la Ley Bases
Se manifestaron partir de las 16:30 en Plaza de Mayo para exigir la libertad de las 16 personas todavía en prisión: "Todos están imputados por delitos graves, es completamente injusto".
Los familiares de los detenidos durante la votación de la Ley Bases se autoconvocaron este martes en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y a las 16:30 movilizaron hacia la Plaza de Mayo para exigir por las liberaciones de las 16 personas que continúan arrestadas.
Durante la manifestación, de la que también participaron agrupaciones sociales y políticas de izquierda y sindicatos, se dio lectura a un petitorio conjunto en reclamo de la excarcelación de quienes permanecen apresados y el cierre de todas las causas.
En paralelo, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, presentó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios que estuvieron a cargo del operativo realizado durante la protesta que se desarrolló el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso y en el cual también resultaron afectados legisladores opositores.
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Respecto de la movilización de este martes, bajo el lema "presos políticos nunca más" y con la aclaración de que no responden a ninguna "bandera partidaria", los convocantes habían invitado a asociaciones civiles, organismos sociales de Derechos Humanos y a todos aquellos que se quisieran sumar al reclamo por la liberación "inmediata" de los apresados en el marco de la protesta en las alrededores del Parlamento para pedir a los senadores que no sancionen la meganormativa oficialista.
"Libertad a todxs los presxs por luchar! Protestar no es un delito, es un derecho", señalaba la convocatoria que replicó la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) en sus redes sociales, que además exigía: "Basta de criminalizar la protesta. Liberación YA para Juan Ignacio Spinetto y todxs lxs detenidxs".
"Por el cierre de todas las causas", finalizaba el escrito difundido en las redes sociales, que se hizo eco del llamado de los familiares y allegados de los detenidos.
En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), de las 35 personas detenidas, 22 estaban a disposición de fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini. Por el momento, la letrada ordenó la excarcelación de 17 imputados por no hallar ninguna prueba contundente incriminatoria, luego de haber tomado las declaraciones correspondientes y ver las imágenes de las cámaras en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Quienes continúan privados de su libertad son: Espinetto, Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belen Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.
Las imputaciones formuladas por el fiscal Carlos Stornelli incluyen intimidación pública; incitación a la violencia colectiva; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; atentado y resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, entre otras.
En la noche del domingo, Grisel Lyardet contó durante una entrevista televisiva que su hermana Sasha iba con Camila a varias cuadras del Congreso a la altura de la 9 de Julio cuando su amiga se cayó, ella frenó para ayudarla y tres motos -que se subieron a la vereda- las interceptaron y arrestaron: "Le pido a la jueza Servini de Cubría que se ponga a estudiar la causa. Todo es injusto: no hay pruebas que ubiquen a Sasha y a Camila haciendo algo malo. Todos están imputados por delitos graves, es completamente injusto".
La vicepresidente Victoria Villarruel, quien debió desempatar para que se aprobara la Ley Bases aquel día, había presentado una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera "un ataque contra el ejercicio democrático".
Además, se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos "no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión", y, en ese sentido, culpó a sectores vinculados al kirchnerismo. En tanto, el legislador porteño Yamil Santoro había denunciado por "terrorismo" a los implicados en los disturbios.