En otro round de la tensión diplomática entre los mandatarios de Argentina y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro emitió nuevas órdenes de captura contra distintos funcionarios judiciales y políticos nacionales, en el marco de la causa del avión de Emtrasur que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 y luego fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año. 

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció que pidió la detención de los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; y los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. 

Asimismo, solicitó la aprehensión del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, el legislador Yamil Santoro, los abogados María Eugenia Talerico y Leonardo Camicher, los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona y Diego Iglesias; y el experto en aeronavegación Franco Rinaldi. 

Las acusaciones son por robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. 

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El caso que motivó la acción judicial involucra al avión venzeolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado en febrero último a los Estados Unidos, país que había solicitado que sea incautada la aeronave debido a una presunta transferencia irregular. 

La medida se dio a conocer días después de que el juez Sebastián Ramos ordenara formalmente la captura internacional de Maduro y de su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, entre una treintena de funcionarios y militares chavistas acusados por delitos de lesa humanidad en su país. Además, solicitó su indagatoria.

En este marco, el magistrado argentino dispuso la intervención de Interpol y que sean extraditados a la Argentina para declarar en la causa abierta a raíz de denuncias de ciudadanos de la nación caribeña que aseguraron haber sido víctimas de torturas y secuestros a manos del Gobierno bolivariano.

En tanto, previamente Saab había emitido una orden de captura contra el Presidente y dos de sus principales funcionarias: "Este ministerio público de la republica bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich".

El nuevo embate del gobierno bolivariano se produce en medio del conflicto político-diplomático con la administración libertaria, a la cual la Cancillería a cargo de Diana Mondino le ha respondido formalmente a la Justicia venezolana subrayando que en la Argentina "impera la división de poderes y la independencia de los jueces", algo que señaló que "no ocurre en Venezuela".