En medio de la disputa por el financiamiento de la educación, el Gobierno habilitará en las próximas horas a las universidades públicas a cobrar un arancel a los extranjeros no residentes en el país, cumpliendo de esta forma con otra de las propuestas de su campaña.

Por el contrario, los extranjeros que ya tienen su residencia en la Argentina seguirán gozando de la gratuidad en las casas de estudio estatales.

De todos modos, queda por ver cómo se implementará esta medida y qué universidades se plegarán a la iniciativa.

TE PODRÍA INTERESAR: El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario después de la multitudinaria marcha federal

Además, el Gobierno modificará los criterios para distribuir los recursos a las diferentes casas de altos estudios. A futuro se tendrá en cuenta la relación entre cantidad de alumnos y graduados. 

Ambas disposiciones están contenidas en la reglamentación del capítulo educativo de la Ley Bases que prepara el Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Todo Noticias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se manifestó de acuerdo con la decisión de la Casa Rosada.

"Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Me parece correcto que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo", destacó el riojano.

"Por algo vienen para acá. En sus países la universidad no debe ser tan accesible. Entonces, lo razonable es que paguen", completó.

La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que el Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.

La decisión, que trascendió de fuentes oficiales, se conoció el día después de la multitudinaria marcha federal que autoridades, trabajadores y estudiantes universitarios llevaron a cabo el miércoles en defensa de la educación pública y para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las altas casas de estudio.

Horas después de la movilización, que tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y que se replicó en el resto del país, el mandatario cumplió su promesa de vetar la normativa aprobaba recientemente por el Congreso, al considerar que atenta contra el superávit fiscal, una de las banderas de su política económica.