En medio de una recesión económica sin fecha de vencimiento, el aumento de la tasa de desempleo y la ansiedad de los empresarios por activar la reforma laboral, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- informó que durante el año 2018, la cantidad de vendedores callejeros ilegales en el país aumentó un 112%, en tanto las ventas del sector se incrementaron en un 52%.

Si bien el relevamiento de la CAME, que abarcó a 500 ciudades del territorio nacional, reflejó una merma en las "saladitas" -como se denominó a las ferias irregulares-, el exuberante crecimiento de la venta clandestina en la vía pública llevó a las ventas ilegales a crecer en más de $40.000 respecto al año anterior. En este sentido, a lo largo del año se sumaron al mercado negro más de 42.000 manteros.

A partir de estos datos, el organismo estimó que el Estado nacional se pierde de recaudar, sólo contemplando al IVA, unos $25.235 millones. Pese a la creación de predios formales por parte del Gobierno de la Ciudad para erradicar el comercio callejero ilegal, la Capital Federal es el distrito más afectado por la informalidad, con 8.678 vendedores, 544 menos que un año atrás.

El informe coincide con la magra coyuntura socioeconómica que atraviesa la Argentina. En los últimos días, el INDEC reveló que las personas con problemas de empleo en el país -desocupados, subocupados y ocupados demandantes- ya suman casi 4,8 millones. En esta línea, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA indicó que el índice de pobreza, que se ubica superior al 33% y afecta a 13,6 millones de personas, es el más alto de la década. 

Mientras Dante Sica cumple con los petitorios del Fondo Monetario Internacional y firma para 2019 paritarias en torno al 23%, con el augurio de que la baja de la inflación se convierta en una realidad, el consumo interno acentúa su desplome y el Gobierno desperdicia millones de pesos que quedan en manos de la clandestinidad.